La organización civil TECHO interpuso un amparo para que una autoridad judicial obligue al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a contar el número de asentamientos irregulares que existen en el país y las características de quienes los habitan.
“Ojalá no tuviéramos que recurrir a este tipo de medidas para tener esa información, pero el gobierno que va de salida nunca se interesó por el tema de los asentamientos. Esperamos que el nuevo gobierno sí lo haga, aunque no ha dicho nada sobre el punto de generar esa información”, explica Enrique Cano, director social de TECHO México.
Contar los asentamientos irregulares es indispensable para el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda de las personas que se ven obligadas a vivir en ellos, junto con otros derechos consagrados en la Constitución, considera la organización.
“Las causas estructurales que dan pie a los asentamientos informales son la baja oferta de suelo asequible y adecuado, sumado a los niveles de pobreza y desigualdad del país. Sin información no podemos avanzar en la construcción de un México más justo”, señala Cano.
TECHO, una organización latinoamericana con presencia en varios países que busca ayudar a superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos informales, ha denunciado que en México no hay la información mínima sobre estos asentamientos ni mucho menos sobre quienes los habitan: no se sabe cuántos asentamientos de ese tipo existen en el país, cuánta gente habita en ellos, en qué condiciones y si tienen acceso a los servicios básicos.
De acuerdo con estimaciones de ONU Hábitat, en América Latina más de 104 millones de personas viven en asentamientos informales?, equivalente al 23.5 % de la población total. Algunos países del continente han hecho ya un censo, como Argentina y Honduras, pero México aún no cuenta con uno.
Por ello la organización presentó un amparo en contra del Inegi, después de una solicitud de información vía Transparencia en la que preguntó al instituto cuántos asentamientos informales existen en el territorio nacioal, cuántos hay en cada entidad, cuál es el número de personas que los habitan, cuántos son mujeres y cuántos se autoadscriben como indígenas.
“Fueron 15 preguntas en total, nos contestaron que no tenían la información”, dice Cano. Si bien el INEGI aclaro? que durante el levantamiento del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2017 se captaron datos sobre asentamientos irregulares, “para TECHO resultan ambiguos e incompletos. Además no son públicos y no cuentan la totalidad de la población”. Se espera que el próximo miércoles se publique en el Diario Oficial de la Federación la fecha en la que se resolverá el recurso o si la revisión de éste se alargará.
De acuerdo con TECHO, la falta de información es uno de los principales obstáculos para diseñar políticas públicas y garantizar que habitantes de asentamientos irregulares cuenten con servicios públicos básicos.