Desestiman uno de los cargos de agresión sexual contra Harvey Weinstein

El cargo desestimado está relacionado con la denuncia de Lucia Evans, una de las primeras mujeres que acusó públicamente a Weinstein de abuso sexual

El fiscal de Manhattan descartó parte del caso penal de abuso sexual contra Harvey Weinstein luego que la evidencia presentada ante el jurado investigador puso en duda la versión de una de sus tres acusadoras.

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La noticia se dio a conocer ayer en la corte ante la presencia de Weinstein.

El cargo desestimado está relacionado con la denuncia de Lucia Evans, una de las primeras mujeres que acusó públicamente a Weinstein de abuso sexual.

En un artículo publicado por The New Yorker hace un año, Evans dijo que Weinstein la obligó a darle sexo oral mientras estaban reunidos a solas en su oficina en el 2004 para hablar de su incipiente carrera como actriz. Evans entonces era una estudiante universitaria de 21 años.

La fiscal adjunta Joan Illuzzi-Orbon dijo al juez que los fiscales no se opondrían a la anulación del cargo relacionado con Evans. Insistió en que el resto del caso, que involucra a otras dos mujeres, era sólido.

“En pocas palabras, Su Señoría, seguimos adelante a toda máquina”, declaró.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, dijo al juez que cree que Evans mintió tanto al jurado investigador como a The New Yorker sobre su encuentro con Weinstein. También dijo que cree que un policía hizo un intento corrupto de influenciar el caso al impedir que una testigo declare sobre sus falsos testimonios.

“La integridad de estos procesos ha sido comprometida”, dijo. Afuera de la corte, sugirió que Evans debería ser procesada penalmente por perjurio.

Los detalles de los problemas potenciales con el testimonio de Evans no se discutieron en tribunales, pero se espera que sean incluidos en documentos de la corte que se publicarían en las próximas horas.

Los abogados de Weinstein y los fiscales estuvieron discutiendo sobre parte de la acusación relacionada con las alegaciones de Evans las últimas semanas en reuniones a puerta cerrada y documentos sellados de la corte.

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