Luego de la votación de los representantes populares nayaritas, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Alba Cristal Espinoza Peña, tomó la protesta de ley a las ciudadanas Esmeralda Isabel Ibarra Beas y Alejandra Langarica Ruiz como comisionadas del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI), cargo que desempeñarán por siete años.
En dos votaciones por separado, Esmeralda Isabel Ibarra Beas registró 26 votos a favor y Alejandra Langarica Ruiz 25 votos afirmativos de las y los diputados en Sesión Pública Extraordinaria de la Trigésima Tercera Legislatura.
Con apego a los términos de la convocatoria del Congreso del Estado, al concluir el proceso de evaluación abierto a la sociedad y luego de una cuidada valoración de los 22 aspirantes idóneos y elegibles, fueron designadas las ciudadanas antes mencionadas, y también obtuvieron votos Juan Pedro Barrón Villegas, Marcos Mora Medina, Gladys Lizette Ibarra Chaparro, Magdalena Beatriz Mitre Ayala y Saulo Alejandro Carrillo Figueroa.
El ITAI tiene como propósito garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover y difundir la cultura de la transparencia, resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de acceso a la información, así como la protección de los datos personales en poder de los entes públicos.
En la misma Sesión Pública Extraordinaria, las y los legisladores aprobaron el decreto para autorizar al titular del Poder Ejecutivo que desincorpore del Patrimonio del Estado un bien inmueble ubicado en el tramo carretero de La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita en el municipio de Bahía de Banderas, para que la autoridad federal se encargue del mantenimiento, cuidado, protección y remozamiento.
Antes de clausurar el Segundo Periodo Extraordinario, los representantes populares dieron su voto afirmativo al decreto que autoriza al Gobernador del Estado, constituirse como aval solidario del Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit para que suscriba convenio de incorporación al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, a fin de que los trabajadores puedan recibir atención médica y logren mejorar sus condiciones de salud y calidad de vida.