La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) informó que este jueves fueron detenidos dos empleados del Poder Judicial estatal, un abogado de un despacho externo, y el apoderado legal del Infonavit en la entidad, por su presunta relación con un fraude a más de 60 mil derechohabientes.

La declinación de un Ministerio Público de Tamaulipas para investigar un asunto que se fraguó en otra entidad, una denuncia anónima y un convenio irregular firmado por un magistrado, fueron lo que permitió a la Fiscalía de Nayarit destapar la red de corrupción creada para despojar de sus viviendas a más de 60 mil derechohabientes de Infonavit en por lo menos 8 estados.

Por estos hechos –en los que presuntamente están involucrados funcionarios del Poder Judicial de Nayarit, un notario público y un despacho de abogados– hay tres detenidos hasta el momento.

El fiscal, Petronilo Díaz Ponce, considera que esta es “la mayor simulación jurídica en la historia del estado” y mientras las investigaciones continúan la dimensión del problema crece, pues en tan solo una decena de expedientes analizados hasta ahora hay más de 60 mil viviendas que fueron arrebatadas a sus dueños para escriturarlas de nuevo a nombre del Infonavit.

Este asunto llegó a manos de las autoridades nayaritas después el 7 de junio de 2017 cuando el Primer Subprocurador de Justicia de Tamaulipas se negó a investigar una denuncia de despojo a un derechohabiente de Ciudad Madero; el argumento fue que no tenía competencia para indagar un caso que ocurrió en el municipio de Xalisco, Nayarit, por lo que derivó el asunto a las autoridades de esa entidad.

Lo primero que llamó la atención de los investigadores de la Fiscalía fue que, sin tener jurisdicción, un juez de Nayarit hubiera dado trámite a un juicio civil hipotecario de una finca ubicada en Tamaulipas.

Solicitaron apoyo al Poder Judicial del estado –entonces presidido por el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto– para saber qué había ocurrido, pero la información fue negada durante más de un año, hasta que en octubre de 2018 el magistrado Ismael González Parra asume la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.

Tras recibir los documentos solicitados la Fiscalía notó diversas irregularidades y se percató de que en realidad se trataba de una simulación de miles de procedimientos jurídicos en los que los demandados nunca tuvieron oportunidad de defenderse.

“Para notificar a los demandados en diferentes entidades de la república se utilizaba un domicilio falso en la ciudad donde está el juez que supuestamente llevó los casos (…) esos domicilios en realidad pertenecen a empleados del Poder Judicial de Nayarit”, explicó Díaz Ponce.

En cada uno de los expedientes que investiga la Fiscalía hay miles de demandados, sin embargo al cotejar los documentos con los registros que tiene los juzgados donde se desahogan los caos, los investigadores notaron que en ellos sólo hay una o dos personas demandadas; por esto los catalogaron como “juicios espejo”.

Tras entrevistar a más de 35 empleados de los juzgados involucrados, la Fiscalía supo que los juicios espejo se maquilaban en despacho particular y los documentos ni siquiera entraban a los juzgado; así comenzó la búsqueda para tratara de dar con ese sitio.

A principios de diciembre de 2018 una denuncia anónima dio una pista: dos domicilios en el centro de Tepic y el nombre de un despacho.

“Obtuvimos una orden de cateo y encontramos que en esos dos domicilios se encontraban unas 50 personas laborando, eran sedes judiciales y notariales alternas; aseguramos todo lo que había para analizarlo y solicitamos apoyo de peritos de la PGR”, relató el fiscal del estado en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante el cateo realizado el 10 de diciembre, cinco empleados que trabajan para la firma de abogados Molrod, Silber y Asociados se resistieron y trataron de darse a la fuga, por lo que fueron detenidos y liberados 48 horas después.

Eritme Villegas, representante legal de la firma de abogados, aseguró que los cinco empleados fueron golpeados y torturados para obligarlos a declarar, sin embargo, reconoció que no hay ninguna denuncia ni queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por este asunto.

Consideró que todo se trata de una disputa política en la que el despacho quedó en medio y calificó como “un robo” los cateos de la Fiscalía a sus instalaciones.

En el portal de transparencia de Infonavit consta que Molrod, Silber y Asociados ha cobrado hasta ahora 8 millones 704 mil 772 pesos por llevar 2 mil 949 de los juicios que la Fiscalía de Nayarit considera irregulares.

El 20 de mayo de 2014 este despacho firmó con Infonavit cuatro contratos para cobro de cartera vencida, saneamiento de fincas recuperadas y representación en los juicios durante los procesos de remate de éstas; el monto de los cuatro contratos asciende a 613 millones mil 768 pesos y su vigencia es indefinida, por lo que el despacho va cobrando conforme al avance de cada uno de los procesos en los que está involucrado.

Ente lo encontrado por la Fiscalía en los cateos al despacho de abogados hay dos tomos originales de las actuaciones de un par de juicios con miles de demandados, documentos que deberían estar en poder del Juzgado estatal ubicado en el municipio de Xalisco, donde supuestamente se desahogaba la querella; además se localizó documentación que implica a cuatro jueces, y material de la Notaría 3 de San Blas, a cargo de Antonio Humberto Herrera López, quien presuntamente ha escriturado a nombre de Infonavit todas las casas que el despacho ha “recuperado”.

Estos elementos sirvieron como prueba para que el pasado 13 de diciembre la Fiscalía de Nayarit solicitara al Congreso del estado una declaración de procedencia contra los magistrados Pedro Antonio Enriquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, ademá de los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez; el 20 de diciembre los 19 diputados que asistieron a la sesión en la que se ventiló el asunto, decidieron iniciar el proceso de desafuero.

–¿Parece haber suficientes indicios para involucrar a los jueces, pero por qué se pide también desaforar a los magistrados? –se le pregunta al fiscal de Nayarit.

–Los magistrados tienen acusaciones directas que hacen los mismos empleados del juzgado y por algunos documentos que suscribieron –respondió.

Uno de estos documentos es un convenio de generado en octubre de 2013 por Infonavit y el magistrado Enríquez Soto, quien entonces presidía el Poder Judicial del estado; en él hay un compromiso de brindar facilidades de “economía procesal” a Infonavit para la recuperación de 25 mil casas.

La Fiscalía estatal tienen una copia de este documento y en el Poder Judicial de Nayarit consta su existencia y se establece que fue firmado por Enriquez Soto y el entonces titular de la Dirección Jurídica de Infonavit, José Lorenzo Natera, sin embargo, no hay registros de que su autorización haya pasado por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia ni existe copia en el portal de Transparencia de Infonavit.

En opinión del fiscal de Nayarit este documento es, en el mejor de los casos, un “acuerdo de voluntades” que no puede estar por encima de lo establecido en los códigos de procedimientos civiles y los cuerpos normativos de los procedimientos judiciales.

“Realmente ese convenio fue el punto de partida para que todo esto se llevara a cabo; los mismos funcionarios judiciales implicados refieren que dado ese convenio había la obligación de brindar todas las facilidades para la sustanciación de esos supuestos juicios, pero según los informes que tenemos del Tribunal Superior de Justicia, el convenio nunca fue presentado en el pleno ni publicado en el Periódico Oficial”, explicó Díaz Ponce.

Desde diciembre pasado los magistrados Pedro Antonio Enríquez y Jorge Marmolejo acudieron a comparecer ante un agente del Ministerio Público y durante los primeros días de enero solicitaron un amparo que les fue negado.

Tres de los jueces involucrados, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Braulio Meza Ahumada, también promovieron en diciembre juicios de amparo, pero les fueron negados.

La Fiscalía ha ejecutado tres órdenes de aprehensión contra un abogado del despacho involucrado y dos empleados de los juzgados de Xalisco y Compostela.