Con las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes se fomentará la transparencia y el fortalecimiento de los órganos internos de control

Con el fin de buscar alternativas atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para proteger el interés público, diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron el pasado 25 de mayo en Sesión Pública Ordinaria el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.

En este dictamen se especifica que en su conjunto las reformas y adiciones a este ordenamiento local, buscan atender la actualización de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, la prestación de los servicios y el control de almacenes, favoreciendo que los mecanismos permitan cumplir con el mandato constitucional basado en asegurar las mejores condiciones de contratación para los entes públicos del Estado.

Con ello, se estipulan alternativas bajo los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, economía y honradez que se aseguren las mejores condiciones a fin de proteger el interés público fomentando la transparencia y el apoyo de los órganos internos de control.

En estas reformas, se hace mención que al momento de realizar los contratos deben cumplir con ciertos requisitos, ello para garantizar la publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, y que la adjudicación se realice a favor de quien presente la oferta con mejores condiciones para el interés del Estado y de los contribuyentes.

En relación a las infracciones y sanciones se fortalece este apartado, toda vez que se prevé que cuando se efectúe una falta administrativa de los participantes de las contrataciones por no cumplir con lo estipulado en la Ley, el órgano interno de control participará en el  proceso de sanciones.

En lo que se refiere a coadyuvar con el Sistema Local Anticorrupción, se robustece la legislación, por lo cual se establecen pautas para que los responsables de la contratación aclararen los motivos de restricciones y prohibiciones para evitar situaciones de conflicto de interés en las contrataciones públicas.

Cabe señalar que los órganos internos de control, es como se denomina a la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo, las contralorías internas de las entidades, así como las áreas administrativas responsables de las funciones de vigilancia y control en los poderes Legislativo, Judicial y en los organismos autónomos que son responsables de la función de evaluación, control y vigilancia en los entes públicos.

Es así como una vez más las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura contribuyen para que se logre el buen manejo de los recursos públicos y la transparencia en el ejercicio de los mismos.