El conjunto culé habría pagado millonarias cantidades a un exdirigente arbitral para ser beneficiado en distintos partidos.

La Fiscalía ha denunciado al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por los supuestos pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira para «favorecer» al club azulgrana en la «toma de decisiones de los árbitros» en los partidos que disputase.

La Fiscalía, que propone que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, sea citado como testigo, ha interpuesto su denuncia ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona -para que la acumule en las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada por el árbitro del VAR Estrada Fernández contra Negreira-, por los delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental.

La denuncia es fruto de las investigaciones que la Fiscalía de Barcelona mantiene abiertas desde hace cerca de un año por los supuestos pagos a Negreira, que a través de dos empresas ha recibido casi siete millones de euros del Barça por supuesto asesoramiento verbal al club.

Además de Rosell -que fue presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014- y Bartomeu -entre 2014 y 2020-, la denuncia se dirige contra el ex director ejecutivo del club Oscar Grau y el ex director de deportes profesionales Albert Soler, que eran «de la máxima confianza» de Bartomeu, según el ministerio público.

El Barça habría pagado para que árbitros le favorecieran

La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana «alcanzó y mantuvo» un «acuerdo verbal estrictamente confidencial» con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, «a cambio de dinero», realizase «actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase» y en los «resultados de las competiciones».

A tal efecto, según la Fiscalía, las sociedades de Negreira -N SCP y D 95 S.L- giraron entre enero de 2011 y junio de 2018 facturas que fueron presentadas al cobro ante el FC Barcelona «sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real».

La Fiscalía subraya que el CTA, del que Negreira era vicepresidente, se encargaba de designar a los árbitros para cada partido de las competiciones españoles oficiales y que además el denunciado participaba en el proceso de evaluación para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de proponer los candidatos para ser colegiados internacionales.

Según la Fiscalía, los pagos realizados por el FC Barcelona a Negreira entre el 2001 y el año 2018, durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7.3 millones de euros, lo que supuso una «auténtica remuneración» no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general, de forma que estas percepciones no tuvieron «soporte legal ni estatutario alguno».

En concreto, el ministerio público detalla que entre 2011 y 2014 -en la etapa de Rosell-, Negreira percibió del FC Barcelona más de dos millones de euros a través de sus mercantiles, mientras que entre 2014 y 2015 recibió 1,2 millones de euros y entre 2016 y 2018 otros 1,6 millones.

Negreira amenazó al Barcelona

En su denuncia, la Fiscalía detalla que Enríquez Negreira fue relevado como vicepresidente de la CTA en mayo de 2018, «motivo por el que el FC Barcelona puso fin a todos los pagos».

Posteriormente, el 5 de febrero de 2019, Negreira remitió un burofax a la presidencia del club azulgrana recriminando el cese de la relación mantenida en el tiempo, exigiendo alcanzar una solución «justa» para ambas partes y advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo, según la Fiscalía.

«No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta el fin de mandato presidencial. Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación».