El papa Francisco anunció el martes cambios radicales en la forma en que la Iglesia católica trata los casos de abusos sexuales a menores, aboliendo la regla del ‘secreto pontificio’, que ayudaba a encubrirlos anteriormente.

Dos documentos emitidos por el Papa formalizan prácticas vigentes en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, incluida la denuncia de sospechas de abuso sexual a las autoridades civiles cuando así lo exige la ley.

Los documentos, que introducen las prácticas en la ley eclesiástica universal, también prohíben imponer una obligación de silencio a quienes denuncian abuso sexual o alegan haber sido víctimas.

“Es una decisión histórica», dijo el arzobispo Charles Scicluna de Malta, el investigador más experimentado del Vaticano sobre abusos sexuales, a la emisora de la Santa Sede.

El levantamiento del ‘secreto pontificio’ en las investigaciones de abusos sexuales era una exigencia clave realizada por líderes eclesiásticos como Scicluna y el cardenal alemán Reinhard Marx en una cumbre sobre abusos sexuales celebrada en el Vaticano en febrero.

Según argumentaron, el secreto en casos de abuso sexual a menores está anticuado y algunos funcionarios eclesiásticos se esconden detrás de él en vez de cooperar con las autoridades.

Tras la cumbre, Francisco divulgó en mayo un Motu Proprio, una ley que por primera vez imponía a sacerdotes, religiosos y religiosas la obligación de denunciar no sólo los casos de abuso sexual, sino también el acoso y el encubrimiento.

Scicluna dijo que las normas abren nuevas formas de comunicarse con las víctimas y cooperar con el Estado.

“Ciertas jurisdicciones habrían invocado fácilmente el secreto pontificio (…) para decir que no podían y no estaban autorizadas para compartir información con las autoridades estatales o las víctimas», comentó Scicluna.

“Ahora ese impedimento -si podemos llamarlo de esa manera- ha sido levantado y el secreto pontificio ya no es una excusa», agregó.

Uno de los documentos también eleva a 18 años o menos, desde los 14 años o menos, la edad en que las fotografías de personas pueden ser consideradas pornografía infantil «con propósitos de gratificación sexual, sin importar el medio o la tecnología que se use».