Caldero Político
Entonces los consejeros electorales (que los mexicanos pagamos y muy bien, por cierto) coincidieron en el reto que implicará organizar las elecciones del próximo año, para renovar 3 mil 326 cargos de elección, entre los que se encuentra el Presidente de la República y 9 gobernadores. Casi nada, se dice fácil pero es un paquetazo.
Aseguran los genios de la política que a nadie conviene la derrota de la democracia, pues estarían en peligro no solo las elecciones sino el ejercicio de los derechos y libertades de los mexicanos; sería una regresión fatal para el país.
Malestar social e inconformidad
En México, todos sabemos –incluyendo al estado de Nayarit-, existe un claro el ambiente de malestar social, inconformidad contra la política y los políticos debido a la crisis económica, la inseguridad y otros temas que están en el aire, pero aunque son graves retos eso no debería desacreditar los comicios. Simplemente la votación del pasado 4 de junio rebasó más de 50 por ciento de la población, y las cosas no están tan bien que digamos. Deseamos que en el 2018, gane la democracia aunque se me juzgue de chiflado o demagógico.
Una de las prioridades del INE, es el flujo de dinero en efectivo de origen desconocido durante las campañas, tema que debe ser abordado a la brevedad y con la mayor seriedad por las distintas instituciones del estado, por sus consecuencias en términos de la estabilidad y gobernabilidad del país.
Elecciones competidas y peleadas
En el proceso electoral del 2018 se elegirán 629 cargos en 13 elecciones federales y 2 mil 697 en 30 elecciones locales; es decir 3 mil 326 cargos de elección popular y en siete entidades se permitirá el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, se instalarán 156 mil casillas atendidas por un millón 400 mil mexicanos como funcionarios electorales; se imprimirán 520 millones de boletas.
En términos generales, el Instituto Nacional Electoral reconoce que las elecciones de 2018 serán las más complicadas de la historia por dos factores: 1) la magnitud de la elección tras la reforma de 2014; 2) el desencanto en la democracia y la falta de confianza en las instituciones.
Así lo expone Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE ante corresponsales extranjeros, explicando que la manera en que el instituto concentrará la organización de 3 mil 637 cargos de elección a nivel federal, estatal y local, representa una cifra inédita y también un reto en cuestiones de logística.
Algunas previsiones del INE estiman que para las elecciones de 2018 habrán 88.7 millones de potenciales electores, 9 millones más en comparación con 2012, lo cual implicará la instalación de 157 mil casillas en todo el país y la capacitación de 1 millón de funcionarios de casilla, lo cual representa 250 mil más en comparación con las elecciones intermedias de 2015. Y esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurría antes, el INE concentrará la responsabilidad de organizar las elecciones federales en todo el país y 29 elecciones locales.
Sin duda, la fiscalización de las campañas electorales será la verdadera prueba de fuego para el órgano electoral, debido a que el INE deberá fiscalizar 90 mil campañas electorales a más tardar 45 días después de la elección, con un personal de 500 personas.
Necesaria fiscalización de dinero de origen prohibido
Y esto se debe a que a partir de la reforma electoral de 2014, la fiscalización es ya un requisito para validar la elección, a diferencia de lo que ocurría en 2012, cuando el entonces Instituto Federal Electoral emitió una resolución sobre el llamado “Monexgate” más de un mes después de que Enrique Peña Nieto asumiera el cargo de presidente de la República.
Pese a que el instituto cuenta con uno de los sistemas de fiscalización en línea más avanzados del mundo y además de que los partidos sólo podrán contratar empresas previamente registradas ante el INE para evitar que se desvíen recursos a través de empresas fantasma, la sofisticación para evadir los controles fiscales de las campañas, que se realizarán en tiempo real, será un enorme reto para el INE.
A pesar de los candados legales, la posibilidad de que las campañas electorales reciban recursos de procedencia ilícita sigue abierta.
Las instituciones electorales tendrán que irse adecuando a las modificaciones legales que se vayan desarrollando con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual todavía no queda del todo claro de qué tanto incidirá en el papel de los funcionarios electorales.
Pero no sólo eso, ya que el descontento social que prevalece en el país ante los altos niveles de corrupción, impunidad y falta de confianza en las instituciones, podría derivar en momentos de gran tensión como ocurrió en 2015, cuando diferentes organizaciones de Guerrero y Oaxaca plantearon un boicot a las elecciones.
VEREMOS Y DIREMOS.