En un estado democrático no tiene cabida el espionaje político: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participó en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional; presentó el esquema de la operación financiera del espionaje telefónico que se desarrolló en administraciones pasadas en contra de la clase política y periodistas a través del software PEGASUS.

En su exposición Santiago Nieto comento que el Grupo Tech Bull S.A. de C.V. es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. Cabe señalar que Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos.

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El Grupo Tech Bull y el Grupo Balam Seguridad Privada transacciona con un grupo de 10 empresas con características de fachada en razón de los domicilios fiscales, los accionistas y representantes legales y con características de personas jóvenes y con incongruencia en su perfil sociodemográfico para ser accionistas de una empresa que reporta ganancias por más de mil millones de pesos.

Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son cinco mil 914 millones de pesos y en retiros dos mil 889 millones de pesos, cabe destacar que el costo del software PEGASUS fue de 32 millones de dolares, equivalentes a un aproximado de mas de 640 millones de pesos, al tipo de cambio actual.

Santiago Nieto Castillo señaló que en un Estado democrático el espionaje político no tiene cabida; precisó que la información se entregará a la Fiscalía General República y se darán vistas al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de la Función Pública.

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