El Estado puede extinguir a su favor aquellos bienes que tengan una relación directa o indirecta con la comisión de delitos
A fin de coadyuvar y fortalecer el combate al crimen organizado, este miércoles 25 de febrero en año en curso, entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Nayarit, Ley de nueva creación aprobada por la Trigésima Primera Legislatura y presentada por el Poder Judicial, que viene a regular un mecanismo implementado a nivel constitucional cuya particularidad permitirá que se ataque de manera directa la esfera patrimonial de las organizaciones criminales.
Con esta nueva herramienta, el Estado puede extinguir a su favor aquellos bienes que tengan una relación directa o indirecta con la comisión de delitos como la delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, contra la salud y robo de vehículos, conforme a los términos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal y acorde a la competencia que para el Estado de Nayarit deriva de las leyes generales en las que se regulan los citados delitos. Bajo esa lógica, la extinción de dominio se erige como un mecanismo que busca contener desde el texto constitucional del país, una de las aristas del problema que representa la criminalidad en México.
Este ordenamiento legal cuenta con un total de 63 artículos distribuidos en nueve capítulos, los cuales, en términos generales, establecen la naturaleza del procedimiento, los requisitos de su procedencia, a quienes se considera como partes en el mismo, las atribuciones que tendrá el Ministerio Público para preparar la acción a ejecutar, los bienes que están excluidos, y las consecuencias de una sentencia estimatoria, además de señalar con claridad cuál será el destino que tendrán los bienes que en su caso se llegaran a extinguir a favor del estado.
En suma, esta nueva Ley para Nayarit que surge como parte de la reforma integral al sistema de justicia penal de que fue objeto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 18 de junio del año 2008, viene a contribuir en el combate a la delincuencia organizada e impedir el beneficio económico que dichas asociaciones delictivas obtienen por la comisión reiterada de las conductas delictivas en perjuicio de la sociedad.
