Luego de que el Gobernador de Nayarit arremetió contra el Poder Judicial estatal por no atender los procedimientos legales para juzgar a exfuncionarios de la pasada administración

Luego de que el Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, en recientes días arremetió contra el Poder Judicial estatal por no atender los procedimientos legales para juzgar a exfuncionarios de la pasada administración, acusados de peculado, y que incluso señaló que existen intereses particulares de los magistrados para no atender los casos, ya hubo respuesta.

El Poder Judicial de Nayarit, a través de un comunicado, precisó que son las juezas y jueces, con competencia en la materia penal, quienes les corresponde determinar la procedencia de las órdenes de aprehensión, “en ejercicio de una facultad exclusiva que hasta el momento han cumplido dentro del plazo que establece el Código adjetivo nacional”, se detalló.

En la materia penal, expresó jueces y magistrados se rigen por los principios del sistema acusatorio y oral, así como por las disposiciones y plazos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“No obstante que desde la entrada en vigor de dicho sistema en Nayarit se ha reducido la duración de las causas de 168 a 111 días en promedio, siempre muy por debajo de la duración promedio de los juicios en el sistema tradicional, las y los juzgadores siguen comprometidos a mejorar su actuación, sin demérito de la transparencia y las reglas del debido proceso, en los términos de ley”, abundó.

El Poder Judicial de Nayarit dio a conocer que comparte el reclamo social de una justicia pronta y expedita, y por ello procura el perfeccionamiento de su gestión en todas las materias del derecho en que le compete resolver controversias entre ciudadanas y ciudadanos, así como en los asuntos de carácter penal puestos a su conocimiento.

“Como uno de los poderes en que se divide para su ejercicio el Gobierno del Estado de Nayarit, el Poder Judicial seguirá cumpliendo sus atribuciones constitucionales con vistas a generar certeza jurídica a la población del estado y responder a su reclamo de justicia”, concluye el comunicado.