La licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofrecimientos para la adquisición de bienes, obras o servicios, por ello en Sesión Pública Ordinaria llevada a cabo el pasado jueves 15 de diciembre del 2016, las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron el decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las Excepciones a los Procedimientos de Licitación Pública durante el ejercicio Fiscal 2017.

El procedimiento de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios es benéfico para los 20 ayuntamientos ya que se rigen bajo los principios de honradez, eficacia, eficiencia y transparencia, permitiendo a los municipios los mejores escenarios económicos y de desarrollo.

Las ventajas de este procedimiento son que cada administración municipal puede obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás características favorables, además de que con este procedimiento se fomenta la competencia entre los industriales o empresarios que están en condiciones de contratar con la administración pública, ya sea vendiendo bienes, servicios o ejecutando para ella obras públicas.

Con el fin de preservar el interés público, se especifica que cuando las condiciones no sean idóneas para desahogar todo un procedimiento de licitación, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que permitan buscar medios alternos que aseguren a los municipios los mejores escenarios económicos y de desarrollo, por esta razón se pueden exceptuar ciertos procedimientos en materia de licitación pública.

En este dictamen aprobado por los legisladores nayaritas queda de manifiesto que al ejercer los recursos públicos deben prevalecer los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para continuar fortaleciendo la confianza que los ciudadanos depositan en las autoridades que eligen de forma democrática.

Es de esta manera que los integrantes de la Trigésima Primera Legislatura participan y contribuyen para que el ejercicio de los recursos públicos se realice de manera clara y adecuada.