La política comercial de Estados Unidos volvió a tensarse este lunes luego de que 25 estados liderados por demócratas demandaran a la administración del presidente Donald Trump para bloquear la nueva ronda de aranceles impuesta a importaciones de 60 países. La demanda, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional, sostiene que el mandatario excedió su autoridad legal y reimpuso gravámenes previamente declarados ilegales.
Los estados argumentan que los nuevos aranceles del 10% y 12.5%, vigentes desde el 24 de julio, afectan más del 99% de las importaciones estadounidenses y fueron justificados con acusaciones de trabajo forzoso que, según los demandantes, no están sustentadas en evidencia suficiente. La Casa Blanca defiende la medida como una respuesta a prácticas comerciales “irrazonables y perjudiciales”.
La ofensiva judicial se suma a impugnaciones previas de pequeñas empresas y a fallos de la Corte Suprema que han limitado la capacidad del presidente para imponer aranceles globales. La nueva ronda se apoya en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, aunque los estados sostienen que esta herramienta nunca se ha utilizado para un esquema tan amplio.
La disputa revive el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial y sobre el impacto económico de los aranceles en consumidores y empresas estadounidenses.