Se destaca el aumento de la penalidad a quien cometa el delito de desaparición forzada con una pena de hasta 40 años de prisión

Asumiendo el compromiso de legislar bajo un régimen de libertad individual, justicia social y respetando los derechos humanos, los diputados nayaritas aprobaron reformas y adiciones en materia penal, relacionadas con los delitos de fraude y desaparición forzada.
Con dichas reformas, se busca que la legislación penal del estado, específicamente en lo que corresponde al delito de desaparición forzada de personas, cumpla con los parámetros establecidos en las normas internacionales en la materia.
Asimismo, se destaca el aumento de la penalidad a quien cometa este delito, por el que se habrán de imponer desde 5 a 12 años de prisión como mínimo y hasta 40 años como máximo, es decir, un aumento de 20 años más respecto de la anterior penalidad; también se suprime la posibilidad de otorgar al responsable del delito cualquier beneficio,  como es la conmutación de la sanción y la sustitución de la pena.
En caso de que el delito sea cometido por un servidor público, como consecuencia de la conducta delictiva, además será destituido e inhabilitado por 20 años.
Otro punto consiste en la incorporación de circunstancias agravantes para aquellos casos en que las víctimas pertenezcan a algunos de los sectores más vulnerables, como son menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada o en su caso,  personas que pertenezcan a comunidades indígenas.
En dicho dictamen unitario, aprobado por la totalidad de las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura, quedan plasmadas normas jurídicas adecuadas a las necesidades sociales que van encaminadas a proteger el patrimonio familiar, tal y como se contempla en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2017, para el beneficio de los nayaritas.