Los gobiernos federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, y el de Chihuahua firmaron un convenio para poner fin al conflicto entre la Federación y la entidad.
La Federación se comprometió a que la Procuraduría General de la República (PGR) solicite la detención, con fines de extradición, del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.
Asimismo, se comprometió a que la Secretaría de Hacienda reintegre de inmediato al gobierno de Chihuahua los 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero que reclama el gobernador.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua se comprometió con la Federación a que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sea trasladado del Centro Penitenciario estatal al Centro Federal de Readaptación Social número 9, de Ciudad Juárez.
También se comprometió a desistirse de presentar una controversia constitucional sobre los 900 mdp del Fondo de Fortalecimiento Financiero que le devolverá la Federación, en cuanto se confirme la recepción de éstos.
Asimismo se comprometió a cumplir los requerimientos en materia electoral solicitados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y a cumplir las Leyes de Coordinación Fiscal.
El acuerdo fue firmado anoche por Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Durante las negociaciones estuvieron acompañados por Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobierno de la Segob, y por Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, secretario general de Gobierno de Chihuahua.
En breve mensaje a los medios, el secretario de Gobernación, acompañado por el gobernador de Chihuahua, aseguró que tuvieron un diálogo franco, respetuoso, directo y claro.
Comentó que el objetivo de la reunión fue solucionar el diferendo que tenía el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal en los temas mencionados.
El titular de Gobernación explicó que las solicitudes de detención con fines de extradición de César Duarte tienen el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia.
Abundó que, en ese caso, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado, y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y estado y a los tratados internacionales.