Los expertos identificaron como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo.

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua señaló al gobierno de Daniel Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” desde 2018 y llamó a la comunidad internacional a “actuar de manera oficiosa” para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables.

Las conclusiones del Grupo figuran en un informe presentado el jueves en Ginebra que recoge “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También constató que el gobierno nicaragüense ha incurrido en actos como la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, una medida aplicada en febrero a 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos y a otros 94 disidentes, en su mayoría exiliados.

“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el texto del Grupo conformado por el alemán Jan-Michael Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez.

¿Quiénes son los responsables de violar los derechos humanos en Nicaragua?

Los expertos identificaron como responsables de estas violaciones al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, además de agentes, funcionarios y diversas estructuras de su gobierno y actores no estatales.

Nicaragua vive una grave crisis política desde abril de 2018, cuando Ortega reprimió con policías y paramilitares una revuelta social. La acción gubernamental dejó 355 muertos, más de 2 mil heridos y al menos 100 mil exiliados, según organismos de derechos humanos.

El Grupo señaló que trabajó en el caso de Nicaragua en 2022 y aunque envió 11 cartas a las autoridades entre junio y diciembre “no recibió respuesta alguna”. Por el contrario, el gobierno de Ortega envió una comunicación al presidente del Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2022 rechazando el mandato del Grupo.

El trabajo consistió en la investigación detallada de 142 casos individuales de violaciones de derechos humanos a partir de más de 160 pruebas documentales confidenciales y reportes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

En rueda de prensa durante la presentación del informe, Buitrago destacó que el Grupo recomendó a la comunidad internacional “ampliar las sanciones” a los funcionarios e instituciones nicaragüenses implicadas en estos delitos e iniciar acciones legales desde la legislación interna de cada país para “ejercer el principio de protección” a partir del derecho internacional.

“Podemos pedir que la comunidad actúe de manera oficiosa”, dijo Buitrago tras recordar que en Argentina ya se inició una investigación “donde se activó la jurisdicción universal para la investigación y juzgamiento de los crímenes” en Nicaragua.

“Lo que esperamos de los países latinoamericanos es el deber de protección de las comunidades vecinas”, dijo Buitrago.

Por su parte, Simon comparó la actuación del gobierno de Ortega con la de regímenes represivos del siglo pasado en Europa. “Es un caso muy serio que no se veía en América Central desde la firma de los acuerdos de paz” a inicios de la década de 1990, añadió.

El informe fue respaldado por Juan Carlos Arce, abogado del colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, quien dijo que su país vive “una grave crisis” ante la cual “la comunidad internacional debe actuar”.

“Este informe confirma las sistemáticas violaciones perpetradas por el Estado de Nicaragua desde 2018″ y ratifica “el uso de las instituciones del Estado para perseguir y torturar” a los opositores, dijo Arce consultado por The Associated Press.

Destacó que su colectivo y otras 18 organizaciones de derechos humanos agrupadas en la “Coalición Nicaragua Lucha” están solicitando a las Naciones Unidas que extienda el mandato del Grupo debido a que aún faltan documentar numerosos delitos de lesa humanidad. En su informe, el Grupo demandó la “liberación inmediata” de todos los opositores que continúan presos, cuya cifra ronda los 40 según organizaciones opositoras.

También reclamó el “cese de la persecución por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa”.

¿Cómo se reprime a las ciudadanos en Nicaragua?

Entre los patrones de la represión, el Grupo identificó el uso de armas con alto potencial lesivo por parte de policías y paramilitares contra manifestantes en protestas. “Entre el 70 y 80 por ciento de las muertes se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego y la mayoría de ellas por impactos en zonas vitales”, destacó el informe.

También constató que la policía y sus fuerzas de apoyo “actuaron coordinadamente” para cometer 40 ejecuciones extrajudiciales. Entre estos grupos mencionaron a miembros del gobernante Frente Sandinista, de la Juventud Sandinista, exmilitares, empleados públicos y miembros de pandillas reclutados por “personas de confianza de las altas autoridades del gobierno”.

El Grupo refirió que durante las protestas de 2018 por orden de la ministra de Salud “se dio la instrucción a las directivas de centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención médica” a manifestantes y reportarlos ante la policía.

A su vez destacó que no hay ninguna condena a policías o integrantes de grupos pro-gobierno por las violaciones cometidas y que, por el contrario, “varios altos cargos, presuntamente involucrados en la represión, fueron ascendidos”.

Agregó que las autoridades obstruyeron la investigación de las ejecuciones extrajudiciales porque médicos y policías exigieron a los familiares de las víctimas firmar actas renunciando a denunciar los hechos y solicitar autopsias.

Asimismo, una cuestionada Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 suspendió todas las investigaciones relacionadas con los asesinatos en las protestas, “garantizando la impunidad de policías e integrantes de grupos pro-gobierno presuntamente involucrados en asesinatos, detenciones ilegales y tortura”, destacó el Grupo.