Entró en vigor ayer, lo que preocupa a los viajeros de seis países de mayoría musulmana afectados y a las asociaciones de defensa de los refugiados

Las nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que impone el decreto antiinmigratorio de Donald Trump entraron en vigor ayer, lo que preocupa a los viajeros de seis países de mayoría musulmana afectados y a las asociaciones de defensa de los refugiados.

El veto migratorio que entró en vigor a las 20:00, hora local, afectará a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación “formal” con empresas e instituciones educativas estadunidenses, informaron vía telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.

La implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

De manera amplia, el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo “genuino” con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país.

El Tribunal Supremo dejó en manos del gobierno la definición exacta de esos límites y, por ello, el Departamento de Estado de envió el miércoles por la noche nuevas directrices a las embajadas y consulados de EU para informarles de cómo implementar la orden ejecutiva.

Esas directrices establecen que los que quieran ingresar a Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadunidense.

Excluidos de esa categoría de “familiares cercanos” quedan los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior.

Esta distinción ha sido considerada como “arbitraria” por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

Cualquier relación con una entidad estadunidense “debe ser formal, documentada y estar formada en el curso ordinario, en lugar de tener como propósito evadir la O.E.”, una referencia a la orden ejecutiva del 6 de marzo del mandatario estadunidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desempeñará un papel clave en la implementación de las restricciones inmigratorias.

La concesión de visas o permisos recae en el Departamento de Estados, pero el CBP intervendrá cuando alguien afectado por las nuevas disposiciones intenta ingresar sin visa o si hay dudas sobre sus documentos. En tanto, las visas ya concedidas no serán revocadas.