Por causar un daño económico a las arcas del Gobierno del Estado, seis exservidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Secretaría de Turismo resultaron responsables en la auditoría que inició la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, por lo que quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público en los siguientes 10 años, en el mayor de los casos, y la obligación de reintegrar en conjunto 66 millones 542 mil 973 pesos, como reparación del daño. 

Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Responsabilidades y Normatividad, Rogelio Arturo Aviña Martínez, durante una conferencia de prensa en la que acompañó a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio, para dar a conocer los resultados de las auditorías realizadas por esta dependencia al ejercicio fiscal del sexenio anterior que concluyó en diciembre del 2016.  

El funcionario informó que la STyRC resolvió en definitiva el procedimiento de responsabilidades que inició en contra de tres servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, toda vez, que estas personas se vieron involucrados en hechos en los que fue alterada documentación oficial utilizada para solicitar al Sistema de Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4,  con la finalidad de obtener su devolución mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente, generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil 276 pesos. 

Por tales motivos se impusieron las siguientes sanciones: Al exdirector de Fiscalización de la SAF, Jesús Alanís Cháidez, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado. 

Al ex subsecretario de Ingresos de la SAF, Clodomiro Espinoza García, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 3 años para desempeñar empleo, cargo  o comisión en el servicio público y sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso, que corresponde al daño patrimonial.

En tanto que exdirector Política Tributaria de la misma dependencia, Everardo Ayala López, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 17 millones 855 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto del tanto más del daño causado.

Aviña Martínez agregó que también se dictaron similares resoluciones contra tres exfuncionarios de la Secretaría de Turismo, por hechos vinculados a varios pagos por un importe de 8 millones 651 mil 798 pesos, para pagar a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas “CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL AIRLINES”, sin documentos que justifiquen el pago realizado, así como la omisión de proporcionar el contrato de prestación de servicios correspondiente y el expediente que ampare la adjudicación.

Las sanciones a las que se hicieron acreedores fueron las  siguientes: Al entonces secretario, Rafael Lizárraga Favela, y ahora subsecretario de Turismo en la presente administración, se le impuso una suspensión consistente en la pérdida temporal del empleo, cargo o comisión y de todos los derechos que derivan del nombramiento por el término de 30 días naturales.

De igual manera, al exsecretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción consistente en inhabilitación de 8 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.

El subsecretario precisó que en el mes de agosto y en lo que va de este mes de septiembre, los presuntos responsables presentaron su informe y acudieron  las audiencias de ley, por lo que actualmente está la fase de desahogo de

Casos convenios SAF

En otro de los casos, se concluyó con la notificación de los procedimientos de responsabilidades contra exservidores de la SAF, por los siguientes hechos: Respecto hechos vinculados al cumplimiento de un convenio con la SHCP por 200 millones de pesos, por realizar traspasos no justificados de una cuenta específica del convenio a una cuenta  concentradora por un monto de 105 millones 276 mil 195 pesos.