Caldero Político
Reconocen que durante diez años han realizado ese esfuerzo, “conscientes de que las cifras oficiales muchas veces parecen no corresponder con la percepción de la sociedad ni con la información que organizaciones, como MUCD, tienen a través de sus programas para atender a víctimas de delitos de alto impacto”.
En términos generales, las tendencias delictivas, la percepción de inseguridad, y los efectos de la impunidad hacen cada vez más evidentes los costos de: 1) no contar con cuerpos policiales preparados, 2) carecer de un plan para regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, 3) tener inconclusa la implementación adecuada del sistema de justicia penal acusatorio, 4) tener intereses políticos que buscan obstaculizar la creación de una fiscalía realmente independiente, y 5) la ausencia de políticas de vanguardia como la despenalización de las drogas.
Parece que a nuestra clase política les es imposible tener altura de mira, para tomar decisiones estratégicas. Únicamente le preocupan los efectos electorales y sus decisiones son de corto plazo. La resolución estructural de los problemas de fondo no está en sus prioridades. Asimismo, sumemos que muchos de ellos serían los destinatarios de las consecuencias de tener un sistema de justicia en que no privara la impunidad, por lo que se niegan a implementar los cambios tan necesarios.
Datos duros sobre inseguridad
En el último año bajó de 19% a 15% el porcentaje de mexicanos satisfechos con la seguridad de su país; el valor más bajo en los diez años medidos. Esto nos da por resultado que uno de cada cuatro mexicanos reporte haber sido, por sí mismo o por un familiar, víctima de algún delito. El mayor porcentaje de las víctimas de algún delito en los últimos tres meses se localiza en la región centro, que concentra en buena medida la Zona Metropolitana del Valle de México.
El ranking de los estados con mayor nivel de personas que reportan haber sido víctimas de un delito se encuentra liderado por el Estado de México, Baja California y la Ciudad de México (seguido de Sonora, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Morelos y Quintana Roo).
Sin embargo, los contrastes son mayores cuando se analizan delitos específicos. Por ejemplo, con datos de la ENVIPE (2017) sabemos que, mientras que en Campeche el delito más frecuente son amenazas verbales, en Baja California Sur es el fraude, en Aguascalientes es el robo parcial de vehículo, y en 19 entidades es la extorsión. En el caso de homicidios saltan a la tabla aquellos en que los niveles de violencia se han exacerbado por ya muchos años, como son los siguientes: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sabemos que en México los homicidios dolosos en 2016 fueron 16.9 por cada 100 mil habitantes. Este número fue 2.9 en Aguascalientes, pero de 61.6 en Guerrero. Es decir, existe una varianza importante de una entidad a otra. Con respecto al uso de armas, sabemos vía la encuesta de Consulta Mitofsky que 1 de 4 personas considera que es muy fácil conseguir un arma en México. Por esto no sorprende que en los datos de la ENVIPE muestren que la víctima estuvo presente en el 54.9% de los casos, y del total de las veces que estuvo presente en el 43.1% de los casos, el delincuente portaba un arma. (ENVIPE 2017).
¿Y Nayarit?
Policías, en el limbo
Los cuerpos policiales son cruciales para la percepción de seguridad de las personas, pero también para el funcionamiento del sistema de justicia (la policía como primer respondiente) y para poder tener un plan donde las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles. Hoy la mitad de la población percibe mayor frecuencia de policía vigilando su localidad. Pero esto no crea una sensación de mayor seguridad, pues el 37% considera que es peligroso ayudarla. Se percibe un incremento en la presencia policial en las localidades, pero no se refleja esto directamente en la reducción de la sensación de temor a ser víctima del delito. Es evidente el deterioro en la confianza hacia las autoridades de seguridad pública más próximas a las personas. Por dicho factor, se concluye lamentablemente que a pesar de que se perciba mayor presencia de la policía, la población está menos dispuesta a colaborar con ella.
La falta de profesionalización y eficacia de los cuerpos policiacos se ha vuelto un cuello de botella para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. La policía como primer respondiente y su coordinación con los Ministerios Públicos hacen que sus deficiencias afecten a todo el sistema.
Corrupción e impunidad
De entre los países miembros de la OCDE, México es la nación donde existe una mayor percepción de corrupción y el Índice Global de Impunidad 2015, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, ubica a México en el segundo lugar con mayor nivel de impunidad de 61 países estudiados. Esta lamentabilísima situación es consistente con la cifra negra que existe en el país. La ENVIPE (2017) muestra que en México se denunciaron 9.7% de los delitos y se inició una averiguación previa sólo para el 6.4% de los delitos. Como resultado de la averiguación previa o carpeta de investigación, sólo en el 6.8% de los casos se recuperan los bienes, en el 3.4% se otorgó el perdón, en el 3.5% hubo reparación del daño, y en el 5.5% de los casos se puso al delincuente a disposición de un juez. En el 49% de los casos “no sucedió nada o no se continuó con la investigación” (20% de los casos seguían en curso). A pesar de la enorme oferta política que se hizo con su promulgación y entrada en vigor, estos números no cambian con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
México ha tocado fondo en materia de inseguridad. La corrupción, la impunidad, y la falta de voluntad política para resolver los problemas han generado una creciente inconformidad y desconfianza en las instituciones. Se requiere atención urgente en varios frentes: una fiscalía que sirva; un Estado que pueda brindar seguridad sin guerra, sin el ejército en las calles, y teniendo cuerpos policiales que cumplan con su función; una reforma del sistema de justicia que llegue a buen puerto; y una regulación del consumo de drogas, entendiendo que la prohibición no desaparece los mercados ni reduce el consumo (sino más bien lo alimenta y sostiene).
QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA. SALUDOS.
