La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Nayarit referentes al delito de calumnia, al considerar que “atenta contra la libertad de expresión y el principio pro persona”.
En particular, el pleno de la Corte declaró inválidos los artículos 46, fracción IX, 335, 336 y la porción normativa de los artículos 337, primer y segundo párrafos, 338 y 341, del Código Penal de Nayarit que se refieren a “calumnia”.
Los ministros consideraron que el Código Penal, en lo referente a la calumnia, “limita de manera excesiva el derecho de acceso a la información, en tanto interfiere con el ejercicio legítimo de tal libertad, además de que, por su imprecisión, no cumple con el principio de taxatividad, aplicable a la materia penal”.
El pleno de la SCJN, declaró la invalidez a propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de dichas normas.
El Código Penal de Nayarit sancionaba con prisión de seis meses a dos años o multa de tres a quince días de salario a quien imputase falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a la que se le hubiese imputado, sin que pudiese servir de excusa que el hecho imputado fuera notorio o que el responsable no hubiere hecho más que reproducir lo ya publicado.
La Corte observó que la medida impugnada no satisfizo el requisito de necesidad, al no cumplir sus objetivos y sí afectar el derecho a la información.
“El legislador no fue cauteloso al establecer responsabilidades ulteriores por el ejercicio indebido de la libertad de expresión, que debieron ser acordes al daño efectivamente producido y no por la mera posibilidad de afectación. Es decir, el legislador se basó en la doctrina penal conocida como delito de peligro, al enfocar esta norma a la protección del derecho al honor y no al castigo por el daño sufrido”, resolvió la SCJN.
Además, el pleno consideró que la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico.
“Al criminalizar la divulgación de la información que pudiera estar contenida en otras fuentes periodísticas o simplemente reproducir un hecho notorio, es claro que los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de difundir información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo un efecto inhibidor de la tarea periodística”, subrayó la Corte.