Facturas falsas y pago de obra pública inexistente arrojan auditorías a las arcas públicas de San Blas, Nayarit y muestran que el alcalde no ha comprobado más de 225 mdp en 4 años

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) ha detectado hasta ahora operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva, alias Layín que abarcan de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017, en la alcaldía del municipio porteño de San Blas.

No obstante, el alcalde sanblaseño es actualmente precandidato independiente al gobierno de Nayarit, y algunas encuestas le atribuyen casi 10% de las preferencias electorales que, según la prensa local, siguen creciendo.

Las auditorías a cuatro de los seis ejercicios de Ramírez Villanueva (2009, 2010, 2011, 2015), que fueron consultadas por EL UNIVERSAL, detectaron errores y omisiones por más de 159.57 millones de pesos, además de operaciones financieras que constituyen un “daño a la hacienda pública” por más de 65.96 millones de pesos.

La ASEN descubrió retenciones efectuadas al salario de trabajadores del ayuntamiento por concepto de créditos del Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) reportable al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por casi 23 millones de pesos, los cuales no fueron transferidos a dichas instituciones ni hallados en otros haberes del patrimonio municipal.

Su administración pagó subvenciones a personal ajeno al ayuntamiento, distribuyó “subsidios sociales” por más de 20 millones de pesos en sólo un año, efectuó gastos no institucionales como “investigación científica y desarrollo”, gasolina, peajes, hospedajes, y metió a contabilidad un comprobante de más de 100 mil pesos por un consumo de alimentos.

Incluyó facturas falsificadas, transfirió recursos a dependencias municipales con cheques a nombre de funcionarios por más de 11 millones de pesos, suprimió débitos a deudores del ayuntamiento por más de 8 millones, pagó obra pública inexistente y no consiguió comprobar gastos por otros 8 millones, entre otras anomalías.

El tipo de respuestas del ayuntamiento a las observaciones del auditor se ilustra con la siguiente que dio sobre la omisión de registros contables de la deuda pública municipal de 2009. La alcaldía argumentó que la administración previa no le entregó los archivos respectivos: “Reconociendo en mi actual administración […] la falta de documentación e información en distintas áreas, a lo que me asalta la duda el porque (sic) en las auditorías anteriores que se realizaron a otras administraciones no se percato (sic) de tales manejos”.

Las cuatro auditorías revisadas reúnen 385 observaciones, de las cuales el ayuntamiento solventó sólo 22.

Retenciones congeladas

Hilario Ramírez ejerció un gasto total de 367 millones 861 mil 24 pesos con 26 centavos en los años correspondientes a las auditorías revisadas. La acción financiera sistemática en esos ejercicios es la retención económica al salario de los trabajadores del ayuntamiento por créditos de Fonacot, cuyo monto no es transferido a esa institución.

Al cierre de 2015 sumaba 9 millones 617 mil 643 pesos con 12 centavos. En la revisión de 2011, la ASEN especificó: “No hay evidencia de que dichos recursos estén disponibles en algunas de las cuentas de bancos del ayuntamiento”.

Las retenciones del ISR a la nómina en 2011 y 2015 también fueron congeladas por el ayuntamiento: 13 millones 164 mil pesos que no recibió el SAT. En 2009 y 2010 el ayuntamiento no entregó la documentación de ese rubro.

La alcaldía de San Blas también aplica un impuesto especial de 12% sobre sus recaudaciones, destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). En 2009, 2010 y 2015, la contabilidad municipal registró las retenciones respectivas por un millón 15 mil pesos, captación que no fue transferida al patronato administrador ni a la tesorería estatal.

En 2015, el ayuntamiento de San Blas gastó 90 millones 908 mil pesos. La ASEN auditó 40%. Encontró depósitos registrados en las cuentas municipales que no llegaron a las cuentas bancarias, recaudación no depositada, saldos de origen desconocido en cuentas contables, 3 millones 298 mil de retenciones obligatorias a contratistas sobre obras financiadas por programas estatales y federales que el ayuntamiento no reintegró al erario, y un adeudo de remuneraciones por 38 millones 852 mil pesos.

Sin aprobación presupuestal, la administración de Ramírez Villanueva financió productos agrícolas para alimentación de personas (278 mil pesos), auxilio a personas y hogares (717 mil pesos), proyectos para prestación de servicios (726 mil pesos), otros proyectos productivos (162 mil pesos), otras (200 mil pesos) y otros subsidios (7 millones 263 mil pesos).

El gobierno municipal no acreditó que tales “ayudas sociales” hayan sido entregadas a población de escasos recursos. La ASEN subraya que en el papeleo respectivo “se advierten rasgos distintos entre las firmas de las credenciales de elector o recibos de tesorería y solicitudes de apoyo”, y que buena parte de ese dinero se otorgó a personas de otros municipios.

Para más subsidios, la administración municipal “transfirió” recursos al Sistema DIF de San Blas y al organismo operador del agua potable (Oromapas), sin comprobante fiscal y a través de cheques expedidos a nombre de los titulares de dichas dependencias y otros particulares, por 11 millones 795 mil pesos.

Un refrigerio de 102 mil pesos

También sin aprobación destinó recursos a “servicios de investigación científica y desarrollo”, compra de productos agrícolas, forestales, textiles, químicos como materia prima, pescados y mariscos, pagó gasolina y consumos en restaurantes sin comprobar la veracidad de las operaciones, no acreditó el propósito institucional de gastos alimenticios por 247 mil 709 pesos, y el 7 de febrero de 2015 ingresó a la contabilidad un comprobante de un consumo de alimentos por 102 mil 704 pesos, considerado por la ASEN como “gasto no institucional”.

La ASEN dictaminó “errores” y “omisiones” —entre los que se halla el congelamiento de retenciones de impuestos— por 122 millones 690 mil pesos, “un monto observado como presunto daño a la hacienda pública” por 15 millones 437 mil pesos, y un “daño o perjuicio” semejante en la ejecución de obra pública por un millón 508 mil pesos, principalmente debido al pago de obra no ejecutada y condonación de facto de fianzas de los contratistas.

Ese año el cabildo se tomó una especie de año sabático: en 10 de los 12 meses no se reunió, aunque la Constitución estatal exige por lo menos dos reuniones mensuales.

Falsificación, extravíos, discrecionalidad

En 2010, el gobierno municipal erogó 85 millones 956 mil pesos y la ASEN auditó 25%. Los auditores verificaron en el sitio web del SAT facturas correspondientes a documentación comprobatoria de pólizas solicitadas al ayuntamiento de San Blas, por 27 mil 538 pesos y detectaron comprobantes “presumiblemente falsos”.

El impacto de gastos improcedentes, diferencias entre registros administrativos contables y presupuestales, errores y omisiones fue de 19 millones 535 mil pesos. El presumible daño a la hacienda pública alcanzó los 7 millones 165 mil pesos, y obra pública, 164 mil pesos.

En 2011, el gasto fue de 95 millones 337 mil pesos, de los cuales la ASEN auditó 43.70%, donde detectó errores y omisiones por 19 millones 535 mil pesos. Un ejercicio que estuvo marcado por ampliaciones y reducciones al presupuesto sin aprobación del cabildo, y préstamos indebidos que no se liquidaron al concluir la administración.

En 2009, el gobierno municipal de San Blas gastó 95 millones 657 mil pesos, de los cuales la ASEN auditó 25%. Encontró un boquete de 8 millones 471 mil pesos, sobre los cuales no había pólizas de diario ni de egresos.

La ASEN también declaró improcedente la supresión efectuada por el ayuntamiento de un saldo de 7 millones 934 mil pesos en una cuenta de la contabilidad municipal denominada “cancelación de cuentas incobrables”. De igual forma, halló “pagos a personal que no tiene relación” con el ayuntamiento.

El órgano fiscalizador dictaminó “errores y omisiones” en la gestión financiera por 15 millones 975 mil pesos; un presunto daño a la hacienda pública por 10 millones 507 mil pesos, y un desfalco de 7 millones 220 mil pesos originado por la falta de comprobación del gasto y pago de trabajos no ejecutados.

Impotencia de la Legislatura

La ASEN inició 11 procedimientos de responsabilidad administrativa contra Hilario Ramírez Villanueva, y más de 30 contra funcionarios de sus administraciones y miembros del cabildo, derivados de las auditorías señaladas. Sin embargo, hasta ahora sólo ha logrado que la ex tesorera Argelia Ramírez Cruz fuera inhabilitada por 11 años para ejercer responsabilidades públicas.

El órgano fiscalizador consigna que “en términos generales”, el ayuntamiento cumplió con la normatividad “excepto por los resultados con observación” en las cuatro auditorías revisadas, y determina que sólo en 2009 y 2010 incumplió con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Al buscar la posición de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto de la Legislatura nayarita, que preside el priísta Jorge Humberto Segura López, se remitió al reportero a la ASEN por disposición “de los asesores” de esa instancia. Tampoco hubo respuesta en la oficina del auditor.

Todavía faltan por publicarse los resultados de la fiscalización del año 2016 y, por supuesto, los del actual ejercicio.