Visor Nayarita

López Obrador disfruta del remanso de paz consecuencia de “La luna de miel” que inició el 2 de Julio y que terminará el 30 de noviembre, hasta ahora, se ha reunido con gobernadores y empresarios con los que ha compartido el “pan y la sal” en diferentes reuniones en plena camaradería y buenos propósitos; sin embargo al igual que la derrota, la victoria tiene sus “bemoles” razón del propósito de la presente columna en la que haremos algunas reflexiones, dejando en claro el sano propósito de que juntos y en unidad deberemos acompañar a las nuevas autoridades para que le vaya bien a Nayarit y le vaya bien a México.

Es claro que López Obrador va a recibir el nombramiento de Presidente Electo sin ningún problema, lo cual ha generado el escenario de que ya es el presidente en funciones, incluso violando la normatividad al respecto; se entiende la euforia después de tan aplastante victoria, sin embargo, necesario es, analizar la viabilidad legal de los compromisos contraídos para analizar los costos-beneficios de estos. En diciembre, se convertirá en gobernante y se tendrá que manejar otro discurso; ¡veamos pues!, el anuncio de López Obrador de que a partir del inicio de su mandato se cambiará el convenio de coordinación fiscal, mediante el cual la federación entrega recursos a través de partidas presupuestales a los estados; comentan los politólogos, viola los artículos constitucionales 26, 40, 74, 79, 115, 116 y 134 y vulnera al sistema federalista y republicano; los nombramientos de los 32 coordinadores constitucionales, para mantener el control hasta para pasar por encima de los gobernadores, resucitan la figura de los jefes políticos  –creadas en la constitución de Cádiz, la famosa “Pepa”-, que subsistió en el porfiriato, son señales preocupantes, algunos otean que Obrador aprovechando su hegemonía en las cámaras va por la reforma constitucional, sino es que por una nueva Constitución; pero, de ser el caso, y para evitar desenlaces e inconvenientes sociales, se deberá tomar en cuenta a los ciudadanos. De otra manera se corre el riesgo de que entremos a un escenario en el que desaparezcan libertades y la vida democrática.

PRI y PAN, Las dos fuerzas políticas de nuestro país, deberán constituir una verdadera oposición, ambos entes políticos tienen una responsabilidad histórica para defender a la Nación y defender la democracia. Por otro lado, para nadie es un secreto que López Obrador quiere hundir al PRI; desmantelarlo, es parte de su estrategia para que no haya contrapeso político, porque sabe que los priistas en la derrota saben reagruparse para volver al poder, los priistas están conscientes de que su debacle se debe a que olvidaron sus principios doctrinarios y se alejaron de las bases, se perdió en la lucha estéril por un utópico segundo lugar, además de que toleraron la corrupción e impunidad de los gobernadores, y se olvidaron de sus héroes como Zapata, Juárez, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Luis Donaldo Colosio, etc., personajes que López Obrador, hizo suyos y ya están en sus vitrinas, amén de que se olvidaron de “cacarear” los logros de la administración de Peña Nieto que sigue siendo el presidente de la Nación.

A partir del 1 de diciembre, López Obrador planea cumplir su llamado “plan de austeridad” reduciendo el sueldo a funcionarios, disminuyendo el gasto en servicios y compras innecesarias, quitar bonos, eliminar el gasto de seguros médicos mayores a altos funcionarios, vender el avión presidencial; no firmar el acuerdo por el cual los expresidentes reciben pensión vitalicia, combatir la corrupción, frenar los gasolinazos, aumentar al doble la pensión de 580 pesos que actualmente reciben los adultos mayores por parte del Gobierno Federal; garantizar mediante becas que ningún joven abandone sus estudios de bachillerato y universidad, incorporar a los miembros del Estado Mayor Presidencial a las tareas que realiza el Ejército, poner a consulta ciudadana la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La descentralización de las Secretarias que traerá como consecuencia la mudanza obligatoria de miles de servidores públicos, amén de los costos familiares y en infraestructuras, comentan los analistas privados, es algo que aún no convence a los 60 millones de mexicanos que no votaron por López Obrador. Algunos consideran incumplibles sus promesas aduciendo que cuando no pueda cumplirlas correrá por la puerta populista de izquierda echando mano de las expropiaciones que lo enfrentará con todos y golpearía su imagen internacional.

Por ahora, los temas que causan mas inquietud en la población son: los gasolinazos de lo que ya se desdijo y estos se seguirán dando, y la reducción de los salarios de altos funcionarios, medida que no es aceptada por algunos sectores sindicalistas como los petroleros y por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos últimos explican su inconstitucionalidad, pues aducen que sus ingresos se rigen por el principio de irreductibilidad señalado en el artículo 94 Constitucional; pero que tiene su contraparte en el artículo 127 fracción II, que advierte que ninguno podrá recibir un salario mayor al del presidente de la República, por lo que al menos en el caso no implica modificación Constitucional.

Según lo establecen las normas, la constancia de mayoría deberá ser entregada a López Obrador a más tardar el 6 de septiembre, atendido lo relacionado con el asunto del fideicomiso convocado por su partido para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre del 2017, que implica una falta al artículo 209 párrafo V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunque en si no sean recursos que no provienen del erario y aunque sea un acto de buena fe, el acto es ilegal. Estos son parte de los conflictos de la victoria electoral. Los ciudadanos ya probamos el poder del voto, ahora debemos asumir su costo con responsabilidad. Al tiempo.

Esperemos y comentaremos: frago2009@hotmail.com