El secretario de Finanzas Públicas, en representación de Quirino Ordaz Coppel, analizó la deuda que dejó el exgobernador
En conferencia de prensa, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, dio a conocer el estado en que se recibieron las finanzas, encontrando que la administración pública estatal es deficitaria al registrar, al 31 de diciembre, un mayor gasto en relación a los ingresos, lo cual incrementó la deuda misma que asciende a 13 mil 130 millones de pesos.
“Como resultado, se recibe un Estado con un importante déficit financiero y estructural, que compromete las finanzas públicas”, reveló y refrendó “el compromiso del Gobernador Quirino Ordaz Coppel de aplicar la Ley, transparentar los recursos públicos, estabilizar las finanzas y mejorar los servicios en beneficio de Sinaloa”.
De entrada, el secretario informó que la situación financiera en que se recibió la administración pública estatal es deficitaria, con un mayor gasto con relación a los ingresos, pues en particular durante el 2016, el último año del gobierno anterior, el gasto total ascendió a 45 mil 598 millones de pesos, superior en 2 mil 225 millones de pesos respecto a lo presupuestado, el cual se cubrió parcialmente con recursos extraordinarios de la Federación.
Esta situación –dijo– se presenta en otros ejercicios, lo que ha generado un aumento en los pasivos del Estado.
Añadió que en materia de ingresos se observó una tendencia negativa en el esfuerzo recaudatorio propio, generando pérdida en distribución de participaciones federales, pues de 2011 a 2016 los ingresos propios fueron menores en 2 mil 153 millones de pesos de acuerdo con los presupuestos en la Ley de Ingresos.
Explicó que el 90 por ciento del gasto del Estado se destina al pago del personal en activo y jubilado, gasto de operación y transferencias que se otorgan a municipios, por lo que el margen de acción para atender y hacer frente a las necesidades crecientes de la ciudadanía es muy limitado.
Por lo que toca a los pasivos, el secretario Ortega Carricarte, informó que el déficit de las finanzas públicas ha originado un crecimiento en el pasivo de largo y corto plazo.
“A partir de la información de los estados financieros del Gobierno del Estado y de sus organismos descentralizados, la deuda consolidada al 31 de diciembre de 2016 asciende a 12 mil 197 millones de pesos. Adicionalmente se han identificado otros pasivos no registrados en la contabilidad por 933 millones de pesos, que incluyen a proveedores y contratistas, bonos de pensión en firme, compromisos con trabajadores y ajuste en participaciones, por lo que el total del pasivo asciende a 13 mil 130 millones de pesos”, dijo.
Explicó que de este total, la deuda documentada a largo plazo es de 4 mil 518 millones de pesos y los pasivos de corto plazo sin una fuente de pago específica alcanzan los 8 mil 612 millones de pesos.
Informó que a proveedores y contratistas se le adeudan 2 mil 241 millones de pesos y a los Institutos de Pensiones un total de mil 725 millones de pesos, lo que ha generado la descapitalización de los Fondos y el incumplimiento de sus compromisos.
En el rubro de salud, se recibió un pasivo de mil 528 millones de pesos y 396 millones de pesos de educación, desglosó el secretario de Administración.
Por otra parte, explicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó omisiones en el cálculo y entero sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) proveniente de la revisión de nóminas correspondiente al ejercicio 2013, lo que derivó en un crédito fiscal por 541 millones de pesos, de los cuales a principios de 2017 fueron descontados en una primera etapa 205 millones de pesos.
“Para los años 2014, 2015 y 2016 se presentó la misma situación, por lo que el SAT ha solicitado revisar y enterar dichos recursos. Cabe destacar que aún se desconoce el importe final de estos compromisos a enterar al SAT por estar en proceso de conciliación, y por ende no se incluyen en el total del pasivo del Estado reportado con anterioridad”, aclaró.
Ortega Carricarte agregó que en el proceso entrega-recepción, no se proporcionó el estado en que se encuentran las observaciones y acciones de las distintas instancias fiscalizadoras, por lo que se requirió una solicitud de información posterior y fue necesario acudir a diversas fuentes para su obtención.
Por ello, al 31 de diciembre de 2016, se identificó un monto observado por 7 mil 714 millones de pesos derivado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior del Estado (ASE), y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC), de los cuales 2 mil 165 millones de pesos se encuentran en proceso de solventación y se han iniciado mil 167 Procedimientos Administrativos de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS) contra servidores públicos.
Dio a conocer que de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación relativas a las cuentas públicas 2011 – 2014, actualmente obran en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 266 Procedimientos Administrativos a los cuales se les ha iniciado un seguimiento puntual.
Explicó que las observaciones provienen principalmente por pago de conceptos de gastos no autorizados por los fondos federales, la falta de documentación comprobatoria, traspasos entre cuentas bancarias, subejercicios y la no aplicación de los rendimientos financieros. El 90 por ciento del importe observado corresponde a los sectores de educación, salud e infraestructura.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación publicó los resultados de la Cuenta Pública 2015, en el que el estado de Sinaloa será objeto de 21 pliegos de observaciones asociados a un monto de 276 millones de pesos, derivando en 19 recomendaciones y 29 procedimientos administrativos.
De las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, a la fecha se han aperturado 540 procedimientos, correspondientes a diversas irregularidades administrativas, relacionadas con registros contables indebidos, violaciones a la Ley de Adquisiciones, deficiencia en integración de expedientes de obra pública y en materia de transparencia, dijo.
En el presente año, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado, ya notificaron que se aperturaron 40 de 108 auditorías a realizar a las diversas dependencias, organismos y fondos federales del Gobierno del Estado al ejercicio 2016.
Dado todo lo anterior, el secretario de Administración y Finanzas comprometió el apoyo irrestricto a todas las acciones de auditoría de las instancias fiscalizadoras, así como el seguimiento puntual de todos los procedimientos administrativos que de ellas deriven.
“A aquellos funcionarios o ex funcionarios que se le detecten irregularidades o malos manejos de los recursos derivado de las revisiones de las diferentes instancias fiscalizadoras, se le va a aplicar estricta y llanamente la Ley”, advirtió por último.