Nestora Salgado García, la activista y excoordinadora de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, presa en el penal federal de Tepic por los presuntos delitos de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada, se mantiene en huelga de hambre desde el pasado martes 5, en protesta por la indolencia de las autoridades judiciales para concluir su juicio y dictar sentencia, informó Cleotilde Salgado, hermana de la activista presa desde agosto de 2013.

De acuerdo con la familia de Nestora, ella está presa porque como comandanta de la PC trabajó contra el crimen organizado y la corrupción municipal, lo que le valió ser acusada penalmente de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

A fin de no afectar la salud de la activista, Cleotilde Salgado refiere que la Secretaría General de Gobierno de Guerrero ya solicitó que Nestora sea trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, pero aún no hay respuesta de la petición.

Cleotilde recuerda que el pasado 28 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Nestora, pero hasta ahora las autoridades mexicanas no han implementado acciones para proteger su seguridad y salud.

La CIDH consideró que la información que recibió demostraba que Nestora se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían en riesgo, por lo que pidió que se garantizara su salud.

Desde que fue recluida –de acuerdo con lo reportado por su familia–, Nestora no tiene acceso a los medicamentos necesarios para atender las secuelas de un accidente automovilístico que hace varios años le dejó una neuropatía en las cervicales, pero el personal médico de la prisión asegura que ella no padece dolores.

Incluso Cleotilde fue informada de que le harían exámenes psicológicos a Nestora para comprobar que sus padecimientos físicos no existían. Además la hermana de la activista dijo que el caso no tiene ningún avance jurídico, pese a que en enero el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, solicitó al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, el desistimiento de la acción penal contra la comandanta.

Y es que en su momento el fiscal respondió que no era tema de desistimiento, sino que se trataba de un proceso penal, afirma Cleotilde Salgado.