Caldero Político

Entendemos como violencia contra la mujer, la ejercida contra las féminas por su condición, siendo ésta, consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género.

Dicen los especialistas que una de cada tres mujeres de la población mundial se habría visto afectada por esta violencia, cifras alarmantes que deben abatirse.

Esta violencia puede serlo física, sexual o sicológica, incluyendo las amenazas y coacciones, dándose en los ámbitos de la pareja, la familia, el social y el de los estados, pudiendo llegar al asesinato, casos graves que a todos lastiman.

En 1994, en asamblea general, las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, y en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En febrero de 2008 el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon lanzó la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres proclamando el 25 de cada mes Día Naranja. Entre otras actividades, en ese día se invita a llevar alguna prenda de ese color para resaltar el llamamiento a erradicar la violencia contra la mujer.

La intimidación contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.

Nunca tantos países han contado con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda impune.