Las personas en prisión que aún no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que ordenó al INE que implemente una “etapa de prueba” antes del 2024, para garantizar este derecho.

Por mayoría de votos, lo magistrados definieron que estas personas en prisión preventiva están amparadas por el principio de presunción de inocencia.

Los magistrados explicaron que esta decisión se establece a partir de que la Suprema Corte, la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales, han realizado una interpretación evolutiva del derecho al voto y la presunción de inocencia, “de la que busca ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad.