Las farmacéuticas deben revelar de forma transparente cuánto les cuesta producir las vacunas para prevenir el COVID-19, lo que garantizaría que el precio de venta que fijen sea justo, tal como prometieron, dijo la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF).

El último gesto de la competencia entre decenas de compañías farmacéuticas y biotecnológicas para dar con la vacuna para el coronavirus es el anunció de las firmas Sanofi y GSK de que donarán 200 millones de unidades de la vacuna que están desarrollando como una forma de apoyar su distribución justa por todo el mundo.

La donación se canalizará a través del mecanismo COVAX, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que colaboran gobiernos, empresa y entidades filantrópicas, y que funciona como un fondo común en el que los países de ingresos altos y medios financian las vacunas para ellos y para los países pobres que no pudieran acceder a ellas.

Sin embargo, MSF recordó que tanto ese anuncio como la promesa de otras compañías de que venderán a precio de coste sus vacunas mientras dure la pandemia se ha hecho sin que ninguna revele cuál es realmente su coste de producción.

«Pedimos a Sanofi y GSK transparencia en relación al precio, al suministro y a la distribución de su potencial futura vacuna, si se prueba que es efectiva y segura”, indicó la organización en un comunicado.

A pesar de que un puñado de compañías, incluida GSK, prometió vender la vacuna sin beneficio durante la pandemia, ninguna ha compartido cuáles son sus costes de relacionados con la investigación y desarrollo, los ensayos clínicos y la producción.

Según los datos que maneja MSF, el 13 por ciento del mundo compró más del 50 por ciento del volumen de las vacunas candidatas más prometedoras.

Mencionó que Sanofi y GSK, cuya capacidad de producción se calcula en mil 600 millones de vacunas en 2021, han firmado acuerdos bilaterales por más de mil millones de vacunas.

Estados Unidos se aseguró 600 millones de dosis; Reino Unido, 60 millones; la Unión Europea, 30 millones, y Canadá, 72 millones. Para MSF esto levanta inquietud y dudas sobre la solidaridad que debe prevalecer en la asignación de vacunas.

Las acciones de las farmacéuticas podrían llevar a una situación en la que alguien que no está en alto riesgo de contraer COVID-19 en un país desarrollado tenga acceso a una vacuna antes que el personal sanitario de primera línea en un país en desarrollo”, advirtió.