Piden auditoría a dependencias estatales tras déficit detectado en administración anterior

Héctor Benítez exigió una formalización de todos los entes auditables del Gobierno Estatal para poder llevar a cabo el proceso de la auditoría

Sostuvieron una reunión el Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, el Secretario de Finanzas, Juan Luis Chumacero Díaz, y el encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Manuel Benítez Pineda, con el objetivo de que sea sometido a revisión el ejercicio de la cuenta pública respectivo al año 2016 de la pasada administración estatal, y en su defecto, de ser detectadas irregularidades, sea analizada la cuenta publica de todo el sexenio pasado.

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En esta reunión los funcionarios del Gobierno Estatal le manifestaron al encargado del despacho de la Auditoria Superior del Estado, su preocupación por las condiciones en las que recibieron las finanzas estatales, además de solicitarle que sean ampliadas las auditorías y las investigaciones para tratar de deslindar responsabilidades ante el supuesto déficit de más de 2 mil 700 millones detectados.

Por su parte, Héctor Benítez exigió una formalización de todos los entes auditables del Gobierno Estatal para poder llevar a cabo el proceso de la auditoría.

Por lo anterior, los titulares de las dependencias estatales y de los organismos públicos descentralizados deberán hacer llegar a la Auditoría Superior del Estado una solicitud donde se especifiquen los rubros, obras, y conceptos que hayan de ser auditados.

Además, Benítez Pineda, solicitó a los funcionarios estatales que ya han sido fiscalizados, el presentar los elementos necesarios para encontrar resultados, esto en un máximo de 20 días hábiles.

Cabe señalar, que sin titubeos, el encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado afirmó que la auditoría mientras estuvo a cargo de Roy Rubio fue omisa, pues simuló varios ejercicios; ejemplificó que al reclamarle el resarcir 332 millones de pesos, hasta el momento únicamente se han logrado regresar a las arcas públicas $159 mil pesos, en tanto que el resto del dinero aún sigue sin ser aclarado su destino.

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