Para contar con una Ley de Movilidad centrada en el peatón, el transporte público digno, incluyente, el desplazamiento corto, rápido y económico domicilio-escuela y domicilio-trabajo, la inclusión y los derechos humanos la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de manera conjunta con el Poder Ejecutivo emitieron la convocatoria a una consulta ciudadana a efecto de recoger las propuestas, conocer las visiones y escuchar las posiciones y visiones en la materia.

Bajo el lema “Localidades y barrios mejor conectados para un estado más próspero y sustentable” se llevarán tres foros regionales en Santiago Ixcuintla, Bahía de Banderas y Tepic, los días 13, 20 y 27 de marzo, respectivamente.

En ese marco, se aprobó por unanimidad un acuerdo que exhorta al gobierno del Estado, al Poder Judicial, al Congreso del Estado y a los 20 Ayuntamientos de Nayarit que garanticen espacios públicos dignos para la movilidad de las personas con alguna discapacidad.

“De acuerdo con el INEGI, en el 2015 la prevalencia nacional de personas con discapacidad en México era del 6 por ciento; sin embargo, en 15 estados de la república la prevalencia de discapacidad es mayor que la observada a nivel nacional y de éstas, es nuestro estado el que mayores índices de prevalencia: tiene un 8.2 por ciento, seguido del estado de Durango con el 7.5 y atrás de ellos, las entidades de Colima, Jalisco y Zacatecas, con un 7.4% cada una; es por ello que ante esta situación no se debe ser indiferente, tenemos una obligación de carácter ético e histórico con las personas con algún tipo de discapacidad”, expresó la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar al presentar la iniciativa de acuerdo.

Las y los representantes populares Marisol Sánchez Navarro, José Antonio Barajas López, Adán Zamora Romero, Manuel Ramón Salcedo Osuna y Julieta Mejía Ibáñez se manifestaron a favor de la propuesta para que las personas con discapacidad tengan inclusión completa en su vida diaria.

“No quitaremos el dedo del renglón y seguiremos trabajando de manera intensa para que al concluir nuestro encargo dejemos un mejor marco jurídico capaz de garantizar mejores condiciones de vida, de justicia e igualdad para los grupos vulnerables”, concluyó Ramírez Salazar.