En últimas fechas se han incrementado los precios de los combustibles y las irregularidades que cometen algunos de los comerciantes en contra de los consumidores, ha impactado en el bolsillo de las familias

El senador Sofío Ramírez Hernández propuso sancionar con hasta seis años de cárcel a quien defraude o venda litros incompletos de gasolinas y gas L.P.

Mediante una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en la Gaceta Parlamentaria, prevé establecer mecanismos que garanticen una compensación efectiva al consumidor, y la adecuada información para que tomen una mejor decisión a la hora de comprar.

Argumentó que en últimas fechas se han incrementado los precios de los combustibles y las irregularidades que cometen algunos de los comerciantes en contra de los consumidores, ha impactado en el bolsillo de las familias, por lo que es necesario buscar los mecanismos que amortigüe esta situación.

De aprobarse la iniciativa del legislador priista, se impondrá de tres a seis años de prisión y multa de tres mil a seis mil días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a quien no venda litros de a litro en el caso de las gasolinas y el gas.

Además, cuando se supere el “error máximo tolerado” establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2011, el proveedor deberá indemnizar al consumidor con el doble del diferencial a partir del error máximo tolerado, que el consumidor compruebe con la o las facturas correspondientes.

Ello, “a partir de que la institución encargada de hacer la verificación identifique la entrega irregular de hidrocarburos y hasta tres meses atrás, en caso de que la verificación previa sea anterior a este lapso de tiempo”, detalló.

Explicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) determinará el procedimiento avalado para que el proveedor haga efectiva la indemnización al consumidor, la cual deberá ser inmediata una vez que sea comprobado el reclamo, así como en el caso de que el hidrocarburo se encuentre adulterado.

Sofío Ramírez justificó su iniciativa al asegurar que, durante los primeros siete meses del 2017, la PROFECO verificó cinco mil 402 gasolineras en todo el país para garantizar el despacho de litros completos.

En total, fueron 80 mil 001 mangueras despachadoras e inmovilizaron tres mil 258 por irregularidades, que fueron detectadas en mil 712 gasolineras, donde se colocaron sellos de suspensión.

“Lo que nos arroja que aproximadamente 32 por ciento de las gasolinerías verificadas presentan algún tipo de irregularidad, es decir una de cada tres”.

Asimismo, refirió que se han iniciado 617 Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley y se han aplicado multas por 133 millones de pesos, “en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron abusos”.

De manera similar, dijo, en el caso del Gas Licuado de Petróleo, los procesos de verificación se llevan a cabo en plantas de distribución y a vehículos comercializadores del gas L.P.

En este caso, la PROFECO realizó 960 visitas de verificación en plantas para la venta a través de pipas, de las cuales se sancionó a 215 empresas, lo que resulta el 22.4 por ciento de empresas con irregularidades, es decir, una de cada cinco, principalmente por no cumplir con los litros ofrecidos o no contar con instrumentos de despacho bien calibrados.

En dicho periodo se realizaron mil 400 verificaciones a camiones distribuidores de cilindros, encontrando irregularidades en 148 casos, lo que derivó en la imposición de 674 sellos de inmovilización, por irregularidades en el peso y por malas condiciones de seguridad.

También se inmovilizaron 800 cilindros en planta. Además, se informó que 77 empresas se negaron a la verificación, en cuyo caso se impusieron medidas de apremio por 250 mil pesos a cada una.  “En total se han impuesto sanciones por 19.2 millones de pesos por diversas irregularidades”, denunció.