La actual Legislatura debe generar condiciones para la protección de los derechos y tranquilidad de nuestro pueblo, expresó el legislador Leopoldo Domínguez

En Nayarit la atención a víctimas del delito, excesos y abusos de la autoridad sigue siendo una asignatura pendiente. La Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit se quedó en buenas intenciones y no generó las políticas públicas previstas, pese a estar vigente desde agosto de 2014.

Para remediar las omisiones e impedir que la disposición normativa siga siendo letra muerta, el diputado Leopoldo Domínguez González presentó iniciativa de reforma, derogación y adición a diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para afianzar las garantías y reconocer los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos en la entidad, fijar normas que permitan la atención y protección efectiva de quienes han resultado dañados por alguna clase de acto, establecer los derechos de la víctima, el derecho a la ayuda inmediata, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del goce efectivo de derechos.

Al argumentar su propuesta, el legislador y presidente de la Comisión de Gobierno señaló que esta Ley de Víctimas sólo quedó en buenas intenciones: “No crearon las instituciones necesarias para hacerla operativa, las víctimas no han sido reparadas en sus derechos, no se instaló la Comisión Integral a Víctimas, no se constituyeron los fondos necesarios para su operatividad, ni tampoco se garantizó una defensa adecuada a los derechos de las víctimas, por ello la urgente necesidad de atender esta demanda social”.

De igual manera indicó que al aprobar esta propuesta se logrará salvaguardar las garantías individuales de los nayaritas que sean víctimas de algún delito otorgando el derecho de ayuda, asistencia y atención, el derecho de acceso eficiente a la justicia, medidas de ayuda inmediata y el servicio de asesoría jurídica.

Una más de las bondades de esta iniciativa es el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas, establecer la conformación del fondo de ayuda para la reparación y asistencia integral a las víctimas, así como establecer medidas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Esta propuesta fue remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ser analizada, discutida y aprobada para que posteriormente sea sometida a votación de los 30 representantes populares nayaritas.