Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, avalaron el proyecto por el que se modifica la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos en las entidades federativas.

Esta propuesta busca establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.

El proyecto aprobado por unanimidad deroga la disposición para que las entidades federativas homologuen el límite de sus gastos en materia de comunicación social, al 0.1 del Presupuesto de Egresos Anual aprobado por sus respectivas legislaturas.

La senadora Mónica Fernández Balboa asentó que las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada región son elementos necesarios para considerar en la forma de comunicarse con la población, de ahí la importancia de que los gobiernos locales establezcan su propio límite de gasto en comunicación social.

El senador Rafael Espino de la Peña consideró que establecer límites fijos era una “invasión de facultades de la Federación” hacia los gobiernos locales, por lo que lo correcto es que ellos mismos, conforme a sus circunstancias, determinen su propio límite de gastos en materia de comunicación social. 

Por Morena, el senador Eli Cesar Eduardo Cervantes Rojas recordó que la Constitución establece que los estados y municipios tiene autonomía en su gobierno y en la administración de sus recursos, por lo que el Congreso de la Unión no puede dictar medidas que restrinjan la forma en la que ejercen su presupuesto

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, dijo que esta modificación resarce un error que contenía el denominado Plan B en materia electoral, ya que el tope a los gobiernos en materia de comunicación social atenta contra el ejercicio del gasto público de estados y municipios.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que la pretensión centralista de imponer un porcentaje máximo no tomó en cuenta las características y presupuestos propios de cada entidad federativa, lo que impulsaba una disparidad entre los estados con más ingresos y aquellos con recursos más limitados.

De Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez celebró esta modificación, pues subsana un error en el Plan B electoral; sin embargo, advirtió que este cambio no altera de forma y fondo el carácter inconstitucional de las reformas planteadas en esta materia.