El Congreso de Nayarit aprobó el desafuero de las seis personas, incluido el ex presidente del Tribunal de Justicia, a fin de enfrentar los cargos en su contra por el fraude a 60 mil derechohabientes del Infonavit en siete estados

La Congreso de Nayarit aprobó el desafuero de dos magistrados y cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia vinculados al escándalo de fraude a 60 mil derechohabientes del Infonavit en siete estados.

Mediante votación nominal -cada diputado levantó su mano y dijo sentido de su voto-, en Sesión Pública Ordinaria con 26 votos el Pleno del Congreso resolvió la remoción del fuero constitucional a Jorge Ramón Marmolejo Coronado como magistrado del Tribunal Superior de Justicia y de Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez como jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Nayarit.

Con esta resolución del Congreso local quedan separados de su cargo para poder ser llamados a juicio, en razón de la imputación que realice la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Ahora la Fiscalía podrá proceder penalmente en su contra ante un juez, ya que quedan a disposición de las autoridades competentes de impartición de justicia, como cualquier ciudadano, para ser llamados a juicio y determinar o no una posible responsabilidad penal.

Los funcionarios del Poder Judicial en el estado deberán enfrentar los cargos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general, y fraude específico, en detrimento de la sociedad.

En diciembre de 2018 fueron acusados ante la Fiscalía General de Justicia por una trama de fraude a derechohabientes del Infonavit que fueron despojados de sus viviendas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en presunto contubernio con notarios públicos y funcionarios del Infonavit.

Durante el procedimiento de los alegatos ante el Pleno intervino el fiscal general del estado, Petronilo Díaz Ponce, así como la autorizada del juez Braulio Meza Ahumada, la licenciada Amalia Araceli Hernández Sánchez, quienes manifestaron lo que a su interés convino.

Las diputadas y diputados presentes analizaron, discutieron y aprobaron el decreto de remoción del fuero constitucional ya que se acreditó de manera indiciaria, la probable responsabilidad de diversos delitos cometidos por dichos servidores públicos.

El Congreso únicamente valoró la existencia de indicios sobre la posible intervención en la comisión de un delito, pero no juzgó sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable; únicamente quitó el obstáculo para que fueran llamados a juicio ante los tribunales competentes.