Los reportes de desapariciones en la entidad se duplicaron de 987 a mil 950 durante el periodo 2006-2016
A Claudia Amador la persiguen tres números todos los días desde hace casi un año: 9, 1, 5. Es la hora que observó tras colgar su celular: 9:15. La llamada era de su hija María Fernanda, quien discutía con su pareja. Las horas posteriores de ese 27 de agosto de 2016 sólo se llenaron de ausencia. Las llamadas al buzón. Esa mañana, a su hija se la devoraba el silencio: la desaparición.
Sólo que en este caso hubo un personaje vinculado a un cártel, experto en esta práctica, un delito que creció desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en México. Se trata de Amadeo Gutiérrez, alias “El Zorro”, un presunto subalterno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien estuvo con María Fernanda el día de su desaparición, de acuerdo con las indagatorias. El fiscal General del estado, Eduardo Almaguer, advirtió la peligrosidad del sujeto por sus actividades en narcotráfico y secuestro.
En la última década, la concentración de desapariciones en el país captó la atención en estados como Guerrero, Coahuila o el Estado de México, pero en territorio tapatío no es tema menor. Jalisco es la tercera entidad con más casos registrados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante el periodo 2007-2016.
En ese contexto, las marchas ciudadanas no paran, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) se ha visto rebasada, desde la perspectiva de familiares consultados.
Se duplican
Los reportes de desapariciones en la entidad se duplicaron de 987 a mil 950 durante el periodo 2006-2016, de acuerdo con el oficio FG/UT/7209/2016, obtenido vía la Ley de Transparencia. En esta estadística los hombres representan 54% y las mujeres 46%. De estos reportes, la fiscalía no entregó el número de localizados vivos y muertos. En ese periodo se ubicaron cientos de narcofosas con más de 200 cuerpos, un destino relacionado con las personas desaparecidas y con hallazgos de muertes violentas.
Silvano Cantú, director ejecutivo de Laboratorio de Innovación para la Paz (LIPP), afirma: “A pesar de que existe el tipo penal como desaparición forzada y por particulares, el gran problema es que la FGE es omisa en la clasificación de conductas constitutivas de desaparición (…). Cuando ocurren no las clasifica como desaparición, sino como secuestro, privación ilegal, con el grave inconveniente de que ello distorsiona la estadística, manipula, porque pretende maquillar las cifras.”