Senadores del tricolor refieren que el esquema de compra-venta de la nave industrial involucrada, permite ocultar el origen de los recursos empleados por Anaya
A través del pleno del Senado de la República, la bancada de PRI pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigar de inmediato al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, por las acusaciones de lavado de dinero en su contra.
En un punto de acuerdo, el PRI señaló que no es la primera vez que se señala al expresidente del PAN, por lo que es necesario apresurar las investigaciones para deslindar su responsabilidad la supuesta “venta ficticia” de una nave industrial entre las empresas Juniserra S.A. de C.V. y la denominada Manhattan Master Plan Development por un monto superior a los 54 millones de pesos.
En la acusación, se destaca que Ricardo Anaya adquirió en 2014 un lote por 10 millones de pesos y en el 2016, ese mismo inmueble fue vendido en 54 millones de pesos, producto de supuestas mejoras como la construcción de una nave industrial.
La bancada priista resalta que, durante esa transacción, “se dejó de manifiesto la entrega de estos recursos a Ricardo Anaya Cortés, a través de un esquema que permitió el ocultamiento del origen de los mismos, mediante la triangulación a diversas cuentas y múltiples países considerados paraísos fiscales”.
“Lamentablemente no es la primera ocasión en la que Ricardo Anaya Cortés es relacionado con alguna irregularidad, muestra de ello, es la creación de una fundación en el estado de Querétaro que lejos de cumplir con su objetivo de fortalecer la conciencia democrática y la formación cívico-política, es utilizada para el desarrollo de transacciones comerciales y la compra-venta de inmuebles”, señala el punto de acuerdo.
Piden despido de Rosario Robles
A través de un punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República exigió que el presidente Enrique Peña Nieto despida a Rosario Robles del cargo de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que las autoridades investiguen libremente el millonario desvío de recursos públicos señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se apunta que, bajo la dirección de Robles Berlanga, la ASF detectó que la SEDATU realizó operaciones que “simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por mil 747 millones 666 mil pesos”.