La plataforma de streaming de audio Spotify anunció que gradualmente dejará de brindar su servicio en Uruguay a partir de enero de 2024 y hasta cesarlo por completo en febrero, ante las recientes modificaciones sobre derechos de autor en la legislación del país sudamericano.
El Parlamento uruguayo aprobó en octubre una ley que habilita a los artistas a reclamar directamente a las plataformas digitales una retribución por la reproducción de sus obras.
«(Spotify) lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1 de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans (… debido a) la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la ley de Rendición de Cuentas de 2023», indicó en un comunicado difundido este lunes en la prensa uruguaya.
Spotify agregó que «ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, dueñas de los derechos de la música, y quienes representan y pagan a artistas y compositores. Cualquier pago adicional haría que nuestro negocio fuera insostenible».
Durante el debate de la ley en cuestión, Spotify había adelantado que la aprobación los obligaría a dejar de operar en Uruguay.
Los artículos 329 y 330 aprobados en la Rendición de Cuentas 2023 en Uruguay establecen que «internet o redes digitales de cualquier tipo» son algunas de las vías por las que los artistas e intérpretes pueden «exigir retribución» por la difusión y reproducción de su trabajo.
Cuando se discutía esa ley en el Parlamento, la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) argumentó que los cambios eran para actualizar «las normas existentes para que los derechos conexos de intérpretes generados en las plataformas digitales sean consagrados en nuestra legislación, mediante mecanismos que permitan su aplicación».
Para Sudei, la música digital dejó a «artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías». «Actualmente, en nuestro país, los usos de la música en plataformas digitales, correspondientes a intérpretes y productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores musicales, no así por los intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia», añadió.