Uruguay se convirtió este miércoles 15 de octubre de 2025 en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una ley, sumándose a un reducido grupo de naciones que reconocen este derecho bajo estrictas condiciones.

Tras un extenso debate parlamentario de más de diez horas, el Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley denominado Muerte Digna, con 20 votos a favor de los 31 legisladores presentes. Esta decisión marca el cierre de un proceso legislativo que se extendió por cinco años y que movilizó a diversos sectores de la sociedad uruguaya.

La nueva normativa permite que adultos psíquicamente aptos, que se encuentren en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos insoportables, puedan solicitar la eutanasia, la cual deberá ser practicada por un profesional de la salud. El procedimiento contempla evaluaciones médicas, psicológicas y un protocolo ético que garantiza la voluntad del paciente.

El senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, defendió la iniciativa afirmando: “Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida, cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito”.

La ley fue respaldada por toda la bancada del Frente Amplio, además de dos senadores del Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional, ambos de centroderecha. En contraste, grupos católicos y sectores conservadores manifestaron su rechazo, calificando la norma como “deficiente y peligrosa”.

Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos apoyaba la legalización de la eutanasia, reflejando una sociedad que históricamente ha impulsado leyes progresistas como el matrimonio igualitario, la regulación del cannabis y el aborto.

Aunque países como Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia mediante fallos judiciales, Uruguay es el primero en la región en hacerlo por vía legislativa, lo que representa un hito jurídico y ético en América Latina.

La ley aún deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo antes de su implementación, pero ya se considera un avance histórico en la defensa de los derechos humanos y la autonomía individual.