La Fiscalía coordina las investigaciones sobre los restos humanos encontrados en la Penitenciaría General de Venezuela, desalojada en octubre pasado

La Fiscalía General de Venezuela dijo que designó a un grupo de fiscales para trabajar en la identificación de los restos de al menos 14 personas, encontrados en una cárcel en el centro del país.

La Fiscalía dijo que coordina las investigaciones sobre los restos humanos encontrados en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en el estado de Guárico, en el centro del país, que fue desalojada en octubre pasado.

A la instalación fueron enviados expertos de la Unidad Técnico Científica y Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que se encuentran en el lugar, para que se sumen a las investigaciones.

Las averiguaciones incluyen experticias odontológicas, antropología y genética, en respuesta a familiares que denunciaron desapariciones de varios internos.

“Como resultado de estas actuaciones, hasta el momento se han recuperado 14 cadáveres, de los cuales nueve tienen cráneos”, señaló.

Sobre el caso, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó al gobierno por la existencia de la fosa común y recordó que desde hace ocho años había denunciado la desaparición de un preso.

Dijo que desde el año 2009 acompañó la denuncia de familiares del recluso Francisco Guerrero, víctima de una desaparición forzada, sin que hasta ahora haya una respuesta adecuada.

Recordó que en noviembre de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida provisional que reclamaba al gobierno que adoptara medidas para determinar su paradero.

La CIDH emitió luego una resolución en agosto de 2013 en la que criticó al Estado venezolano por incumplir las medidas provisionales, a fin de determinar el paradero de Guerrero.

La misma denuncia fue presentada ante el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, que en mayo de 2015 exhortó al Estado a iniciar una investigación sobre la desaparición.

“Es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país”, dijo la declaración.

Añadió sin embargo que la respuesta fue “la descalificación de los denunciantes y negando que tal situación se presentase”.

“El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios”, expuso la declaración.

Durante años, añadió, organizaciones de derechos humanos, familiares e internos vienen denunciando malos tratos, torturas y hasta ejecuciones”.