Para afrontar su proceso en libertad, se les prohibió salir de Nayarit, por lo que deberán firmar quincenalmente ante el juzgado y depositar una garantía de 15 millones de pesos
Por considerarlos posibles responsables de los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, contra la administración de justicia, falsificación de documentos y fraude específico, un juez de control vinculó a proceso a los exmagistrados del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, vinculados al fraude con el que el INFONAVIT despojó a por lo menos 60 mil derechohabientes de sus casas en ocho estados del país.
A Marmolejo Coronado, además, se le imputó el delito de cohecho por presuntamente haber recibido al menos 25 millones de pesos como sobornos por parte de un despacho jurídico; para afrontar su proceso en libertad, a ambos se les prohibió salir del estado, por lo que deberán firmar quincenalmente ante el juzgado y deberán depositar una garantía de 15 millones de pesos en un plazo no mayor a 15 días.
En el caso de Enríquez Soto –quien tras renunciar al cargo como magistrado el pasado 30 de abril, promovió un nuevo juicio de amparo para no ser detenido y cuenta con una suspensión provisional– la principal carta de la Fiscalía en su contra es un convenio irregular que él como presidente del Poder Judicial firmó en octubre de 2013 con el entonces titular de la Dirección Jurídica de INFONAVIT, José Lorenzo Natera, quien también fue síndico del municipio de Gómez Palacio, Durango.
Según ese convenio, que nunca se publicó en el Periódico Oficial ni fue aprobado por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia, se brindarían facilidades de “economía procesal” a INFONAVIT para la recuperación de 25 mil casas.
La investigación de la Fiscalía establece que este documento es la pieza clave para permitir la elaboración de “juicios espejo” contra miles de derechoabientes que nunca fueron notificados; los juicios, según la investigación, eran maquilados por los despachos Molrod, Silber y Asociados, y el que encabeza Hugo Gerardo Rosales Badillo, ex secretario de gobierno de Durango.
En el caso de Marmolejo Coronado –a quien el Congreso del estado retiró el fuero la semana pasada– la Fiscalía intenta de demostrar que recibió al menos 25 millones de pesos en sobornos por parte del despacho de Rosales Badillo, pues durante los cateos realizados en diciembre pasado a los dos inmuebles donde operaban ambos despachos en Tepic, se localizó una supuesta “lista de raya” en la que se documenta la entrega de más de 53 millones de pesos a diferentes trabajadores del Poder Judicial.