Al intervenir en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa que se realiza en la capital del país, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, destacó que en entidades federativas como la nuestra funciona adecuadamente el control constitucional para evitar omisiones en la expedición de leyes y reglamentos.
En el evento convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enríquez Soto manifestó que en nuestro estado el control constitucional está en manos de los ciudadanos y precisó que su eficacia no depende de estar condenando a los órganos omisos en materia normativa sino de que éstos entiendan cuál es su obligación constitucional en la materia.
El doctor Enríquez Soto participó como ponente en la mesa número 1 del seminario, la cual abordó el tema “Problemas constitucionales que genera la omisión legislativa” y en la que también intervinieron José Julio Fernández Rodríguez, ombudsman de la Comunidad Autónoma de Galicia, España, así como Constancio Carrasco Daza, magistrado del máximo Tribunal Electoral de nuestro país.
Especialistas de España, Perú, Portugal y México son expositores en el seminario internacional inaugurado por el presidente del TEPJF, magistrado José Alejandro Luna Ramos, quien en su oportunidad manifestó que la Constitución es la máxima expresión de la soberanía de las y los mexicanos, así como su mayor arma contra el autoritarismo y el escudo que protege la dignidad humana.
Agregó que observar y defender nuestra Constitución va más allá de un fetichismo nacionalista. “Es indudablemente el camino para asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones y con el designio por el cual, la ciudadanía le ha otorgado el monopolio de crear y hacer valer las leyes para proteger sus derechos humanos”, apuntó.
El magistrado presidente del TEPJF subrayó que la omisión legislativa es un tópico pendiente que supone una especial preocupación, ya que las leyes son el medio idóneo para instrumentar el contenido de la Constitución y garantizar el estado democrático de derecho.