Cualquier manifestación pública que coaccione el voto a favor o en contra de algún partido es un delito electoral

La manifestación que está organizando el SUTSEM para el próximo sábado sería un delito, ya que violaría la veda electoral al ser un acto público mediante el cual se estaría inhibiendo el voto de los trabajadores o presionándolos por determinada preferencia política -aunque sea de manera indirecta-, así lo informó el Consejero Presidente de la junta distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nayarit, Ernesto Jesús Gama Lozano.

Dijo que, en caso de que la movilización se realice, personal del organismo a su cargo estaría supervisando la marcha para levantar el expediente y presentarlo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

“Puede ser considerada como indicios de presión o de coacción al electorado, porque las manifestaciones públicas sobre asuntos particulares por la época electoral en la que estamos, sería violatoria de la Ley porque estamos en la época de veda electoral. Sobre todo como señala, sí los integrantes de los sindicatos o de este sindicato en particular, ha manifestado públicamente su adhesión o su respaldo hacia un partido o un candidato, de tal suerte que si se llegase a presentar esta circunstancia, tendría que ser investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”, explicó Gama Lozano.

Agregó que el Consejo General del INE aprobó la prohibición de este tipo de movilizaciones durante la veda electoral, se acordó que ninguna organización podría promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato político.

Informó además que las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los sindicatos en general fueron avisados sobre el tema.

“Porque cualquier asunto público es un asunto político, de tal suerte que las reuniones pueden realizarse siempre y cuando sean privadas; Precisamente para prevenir este tipo de circunstancias referíamos una de las determinaciones del consejo general, en donde se les exhorta, en particular, a las agrupaciones gremiales o sindicales abstenerse de realizar actos que pudieran implicar una coacción a sus propios militantes o al resto de la ciudadanía”, detalló.

Para concluir, dijo que los acusados de cometer delito electoral serían los organizadores de la marcha, e insistió que sería la FEPADE quien investigaría el caso y determinaría las sanciones.