El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nayarit, no tiene dinero para cubrir las prestaciones de fin de año a los trabajadores y para lo cual ocupa unos 80 millones de pesos. Sobre todo porque el presupuesto que ejercen en este año es de 338 millones de pesos con un déficit de más de 70 millones, los cuales no les alcanza para cumplir con esta obligación, por lo que apelarán al Congreso y al Gobernador Roberto Sandoval a fin de que se les autorice una ampliación presupuestal.

El magistrado presidente del TSJ, Pedro Antonio Enríquez Soto, durante su Informe de Labores del 2016, estimó que esta institución de impartición de justicia, requerirá para el ejercicio fiscal de 2017, 515 millones de pesos para su operación.

Señaló que ese es un problema que han tenido y sobre el cual reflexionó para llegar a la cuenta de que cada año tienen una competencia nueva que incrementa responsabilidades que antes no tenían.

Recordó que primero iniciaron con el narcomenudeo, la justicia oral mercantil, los jueces de ejecución, el sistema de mediación, el sistema de justicia penal oral, la justicia administrativa y ahora tendrán en puerta la posibilidad de la justicia laboral.

Pese a esta situación, Enríquez Soto indicó que su tarea es prepararse y desde luego demandar y exigir que las instancias encargadas de ello, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, volteen a ver las necesidades económicas que tiene el poder judicial.

Sin embargo, aseguró que la operatividad del Tribunal Superior de Justicia no se ha detenido, sólo que a veces no logran ser los suficientemente eficientes en algunas ramas o materias porque la capacidad operativa no es suficiente, admitió.

Dijo que la autonomía financiera la tiene el Poder Judicial, sólo que no hay una suficiencia adecuada para responder a todas las necesidades como es el sistema penal acusatorio que no funciona a plenitud en cuanto a infraestructura, sólo cuentan con ella en Tepic y Bahía de Banderas que está a punto de concluir, pero les falta el norte y el sur del estado.

Además, hizo notar también que la justicia laboral tiene componentes de oralidad importante y para lo cual requerirán de la infraestructura necesaria.

Indicó que para ello Enríquez Soto estimó que la propuesta de egresos para 2017, es de 515 millones de pesos que presentaron a la actual legislatura, en comparación a los 338 millones que ejercieron en este año.