Desde la noche del pasado 4 de junio y entrada la madrugada, las cifras tanto del Conteo Rápido como del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), anticipaban que más allá de cerrado, el resultado de las elecciones en el Estado iba a ser polémico y judicializado.

Y de hecho, horas después de del cruce de números del conteo rápido y del PREP, el candidato del PAN, Guillermo Anaya, quien iba adelante la noche anterior en uno de los conteos y luego se vio superado por alrededor el 2.5 por ciento de los votos, desconoció la elección.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) recibió argumentos y presuntas pruebas de lo que el PAN y sus aliados calificaron como fraude electoral y por ello solicitaron la anulación de los comicios.

El IEC desechó los argumentos de la Alianza Ciudadana por Coahuila y sus aliados, el resto del bloque opositor con excepción de la candidata del PRD, y reconoció como gobernador electo al abanderado de la coalición por un Coahuila Seguro.

Entonces el caso se fue al Instituto Nacional Electoral (INE) de donde posteriormente será enviado al Tribunal Federal Electoral de la Federación.

Y lo que al principio se vio como una novela, hoy sigue viéndose como una novela, en capítulos, donde reina la incertidumbre.

Hoy, y desde hace semanas, el INE está analizando los gastos de campaña, y de entrada asevera que los punteros de las elecciones, Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya, sobrepasaron los gastos topes de campaña. Pero no han dicho a qué nivel, y si esto, como se ha pensado sobre todo en los últimos días, es causa para sugerir la anulación de los comicios.

Hasta ahora se sabe que la Coalición por un Coahuila Seguro, que postuló a Miguel Ángel Riquelme, tendría un exceso de 8.27 por ciento en los gastos, equivalente a 1.5 millones de pesos, mientras que la Alianza Ciudadana por Coahuila, cuyo candidato fue Guillermo Anaya, habría rebasado el tope poco menos del 5 por ciento, es decir 997 mil pesos. 

Si estas cifras llegaran a confirmarse al cabo de el estudio y análisis de la Comisión de Fiscalización del INE, podría anularse las elecciones.

La ley electoral contempla como causal de nulidad que exista un rebase de tope de campaña superior al cinco por ciento, asimismo que haya una diferencia menor o igual a los cinco puntos entre los punteros.

Pero la cifras oficiales aún no son las definitivas, pues aún falta el análisis de varios engroses que tienen que ver precisamente con los gastos de campaña; los equipos de ambos contendientes ya enviaron sus cuentas al INE para demostrar que no se excedieron en gastos.

Sin embargo, será hasta el mes de agosto cuando el INE decida qué pasa con Coahuila, porque por el momento, hay un receso, pues el Consejo General del IFE salió de vacaciones.