Con el interés de que Nayarit cuente con un ordenamiento que proteja integralmente a periodistas y garantice el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, en sesión pública del cuarto periodo extraordinario del tercer año de ejercicio constitucional, las diputadas y diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura aprobaron de manera unánime la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nayarit.

Este nuevo instrumento jurídico que cuenta con 66 artículos y siete artículos más transitorios, tiene como fin principal proteger la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por dedicarse a la defensa o promoción de los derechos humanos, al ejercicio de la libertad de expresión y al periodismo.

Asimismo esta ley garantiza y protege los derechos y mantendrá libre de coacción la concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital y auto-censura.

Para tal efecto la Ley en mención establece crear el Sistema para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sistema que se integrará por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y Unidades de Incorporación bajo la responsabilidad y dirigencia de servidores públicos con adscripción a los entes públicos determinados, por lo que no se crean plazas o puestos de empleos públicos.

Este sistema tiene como obligación colaborar y coordinarse con la federación y entes públicos del estado para otorgar los mecanismos de protección a las personas agraviadas; además que deberá promover el desarrollo legislativo, políticas públicas y capacitación constante de los servidores públicos en materia de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

La misma ley contempla crear medidas preventivas, urgentes de protección y medidas sociales que ayudarán a anticiparse a las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas, otorgando la protección personal a los agraviados dando de forma inmediata auxilio médico y psicológico a las víctimas, resguardo de sus domicilio o reubicación de su refugio personal y el de sus familias.

De igual forma establece la creación de un Fondo a fin de que el estado atienda su responsabilidad de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos y periodistas realicen libremente sus actividades.

Es así como una vez más la Trigésima Primera Legislatura hace suyas las demandas de los ciudadanos para consolidar nuevos instrumentos jurídicos de vanguardia que buscan el bienestar de las familias, la protección y respeto absoluto de los derechos humanos de los nayaritas.