Buen trabajo de Raúl Rosales en Financiera Rural

Caldero Político

Muy satisfecho está el Agente Estatal en Nayarit de la FND, o sea la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,  Raúl Rosales Rosas, porque por tercer año y de manera consecutiva, alcanzaron la meta de colocación anual: 1 mil 200 millones de pesos en créditos en las mejores condiciones para los productores del estado.

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“Gracias a los compañeros de las agencias de Tepic y Santiago, son mil 200 millones de pesos y casi seis mil beneficiarios de estos créditos, 1, 200 más que en el año 2016 y 150 millones más que el año pasado. La mayoría, más de 4 mil 500, corresponden a pequeños productores al amparo del programa del mismo nombre (el programa de crédito que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto, más importante en la historia del país)  distribuidos en los 20 municipios”, comentó Raúl en las redes sociales.

“En este sentido hemos mejorado nuestra presencia en municipios como Ixtlán, Amatlán, Jala, San Pedro, La Yesca y Huajicori. Merced a este trabajo Compostela y Santiago son 2 de los 10 municipios que más créditos han recibido en el país. Aún hay mucho por hacer y en lo que resta del año habremos de incrementar estas cifras”.

Cierra su comentario diciendo: “Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los productores rurales que han confiado en esta institución y por supuesto a Sagarpa, a gobierno del estado a través de SEDERMA, CONAFOR,  INAES, FIRA, FIRCO y a las organizaciones de productores cómo CNC, UNTA, UNORCA, CIOAC, CCC, que nos han permitido presentar buenas cifras para el campo nayarita este año. Tenemos pendientes urgentes por atender en la zona norte con algunos sorgueros y frijoleros  cuyas solicitudes aún están pendientes; seguimos trabajando para que a la mayor brevedad queden listas. Gracias por permitirnos servirles”, termina diciendo Raúl Rosales Rosas.

Bombardeo de spots de radio y tv

Resulta amigos, que desde el arranque de las precampañas y durante los próximos seis meses y medio, los mexicanos estamos expuestos a 59.7 millones de spots que invaden las pantallas de televisión y ondas radiales, protagonizados por partidos políticos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales. Un martirio.

Cada emisora transmitirá esos mensajes relativos tanto a la elección federal, como a las locales, de acuerdo con la pauta del Instituto Nacional Electoral (INE). El bombardeo de mensajes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o de “campañas negras”, hace a los expertos considerar que a 10 años de su vigencia es tiempo de revisar el modelo de comunicación política en el país, y eso sería deseable tras el proceso electoral de 2018.

Ese esquema, resultado de la reforma electoral de 2007, consiste en la prohibición para que terceros compren promocionales políticos. Los mensajes de este tipo en radio y televisión —48 minutos diarios durante el proceso electoral— son con cargo a los tiempos del Estado y su distribución es facultad exclusiva del órgano electoral.

Especialistas e incluso los partidos políticos que impulsaron ese modelo reconocen —con matices— que el esquema de promoción debe perfeccionarse con urgencia.

Permea la corrupción en México

Luego del DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, que fue el 9 de diciembre, se difundió que en 2016, 1 mil 093 unidades económicas sufrieron de actos de corrupción por cada 10 mil empresas a nivel nacional; el 64.6% de las empresas consideró que el principal motivo por el que se suscita la corrupción es para “agilizar algún trámite”, y que en los trámites o servicios con autoridades de seguridad pública y justicia fue donde se observaron las mayores prevalencias de corrupción en 2016

La corrupción puede definirse como un acto que deviene de una serie de desvíos de acuerdos y valores relativamente aceptados dentro de una sociedad o grupo de individuos, en el cual se toma ventaja inapropiadamente de una determinada posición en ese conjunto de relaciones. Desde el ámbito de las instituciones públicas, es un fenómeno social que involucra un entramado de relaciones de poder entre diferentes actores para desviar los fines del poder público hacia la obtención de beneficios particulares.

La corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, distorsionando los mercados e inhibiendo las decisiones de inversión, además de que es violatoria de los derechos humanos. La corrupción está presente tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y no está restringido al sector público, sino que también se manifiesta en ámbitos privados. Este fenómeno puede tener alcance a pequeña o a gran escala. La primera en el espacio público se manifiesta cuando grandes compañías establecen deliberadamente redes para influir directamente en las decisiones que toma el gobierno a través de pagos ilícitos a funcionarios públicos o políticos. La segunda tiene lugar en la sociedad en general, y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio público.  Con el uso  de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) se analizan las experiencias de actos de corrupción de la población de 18 años o más en ciudades urbanas.

Percepción de la corrupción en la población

Las percepciones que la población tiene sobre un determinado fenómeno se crean según la experiencia personal que se ha tenido al tratar directamente con el asunto o a través de las experiencias, ideas, e información, que son transmitidos por familiares, conocidos, medios de comunicación, entre otros.  En 2015, la mitad de las personas de 18 años y más consideraron que la corrupción es el segundo mayor problema que enfrentan sus entidades federativas, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia (Gráfica 1).

Aunado a lo anterior, 88.8 por ciento de la población consideró que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. La percepción está influenciada por los hechos de corrupción de los que la población es víctima, los cuales pueden ser medidos a través de la prevalencia o de la incidencia. La gráfica 2 muestra que, durante el año 2015, en el país hubo 12 590 personas que estuvieron involucradas en algún evento de corrupción al solicitar cierto trámite o servicio público por cada cien mil habitantes de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público. En ese año, a nivel nacional se llevaron a cabo 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, lo que indica que a nivel nacional cada víctima de corrupción experimentó alrededor de 2.4 actos de corrupción.

QUE TENGAN EXCELENTE SEMANA. UN GUSTO SALUDARLES.