Clausura la PROFEPA construcción de una granja acuícola en Rosamorada

La dependencia federal realizó una visita de inspección a un predio de la localidad conocida como “Pericos”, empleada para la producción de camarón

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la construcción y operación de una granja acuícola en el municipio de Rosamorada, Nayarit, por carecer de la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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En un comunicado, la Profepa precisó que atención a una denuncia, su personal realizó una visita de inspección a un predio de la localidad conocida como “Pericos”, empleada para la producción de camarón, donde detectaron la construcción y operación de una granja con una superficie de seis hectáreas dentro de un ecosistema de humedales costeros.

Destacó que durante la diligencia de inspección se hizo constar que dicha granja contaba con bordes a base de tierra elaborados con maquinaria pesada, con un ancho de 4 metros de talud y 1.5 metros de altura, y era abastecida con aguas provenientes del arroyo “El Bejuco”, que era desviado de manera intencional, impidiendo el libre flujo hidrológico hacia el humedal colindante al Área Natural Protegida de Marismas Nacionales.

Los inspectores solicitaron al responsable de la construcción y operación de la granja la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, pero ésta no fue exhibida.

En su comunicado, la Profepa señaló que debido a cambios adversos en el humedal costero, que ponen en riesgo las condiciones naturales físicas del ecosistema por la construcción de dichas obras, sin haber sido sometidas a una evaluación en materia de impacto ambiental, y con ello proveer y mitigar los posibles daños al hábitat costero, ordenó como medida de seguridad la clausura total temporal de dichas obras y actividades, con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En ese sentido, se instauró el procedimiento administrativo mediante el cual el responsable podría ser sancionado con una multa por el equivalente de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización, además de la ejecución de obras tendientes a la relación del daño y restauración del sitio a su estado base, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Aunado a ello, agregó, integrará la denuncia penal correspondiente ante posibles hechos constitutivos de delitos en contra de la biodiversidad, por el relleno de humedales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, delito que puede alcanzar una pena de dos a diez años de prisión y una multa por el equivalente de 300 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización.