Con este nuevo ordenamiento legal en la entidad se establece que las personas adultas mayores cuentan con una serie de derechos y obligaciones, tendientes a garantizar su bienestar integral

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores es un nuevo ordenamiento jurídico que garantiza en Nayarit el salvaguardar los derechos y el bienestar de todas aquellas personas mayores de 60 años de edad.

La Ley fue aprobada por las diputadas y diputados de la Trigésima Primera Legislatura, entrando en vigor el 10 de diciembre del año 2015.

Con este nuevo ordenamiento legal en la entidad, se establece que las personas adultas mayores cuentan con derechos y obligaciones, prerrogativas tendientes a proteger su dignidad, su salud, su alimentación, su integración al seno de la familia y a ser asistidos por el Estado en caso necesario. Las obligaciones por su parte, se enfocan principalmente a su autocuidado y la realización de actividades que les permitan mantenerse sanos y dinámicos en sus labores diarias.

También se establecen obligaciones para la familia de la persona adulta mayor, entre las que destacan el procurar los cuidados y atenciones que le ayuden a la independencia y desarrollo personal; fomentar y velar por el ejercicio pleno de sus derechos; proporcionar alimentos; fomentar la convivencia familiar; evitar toda conducta que implique discriminación, abuso, desamparo, abandono, asilamiento, exclusión, maltrato o explotación en cualquiera de sus modalidades.

En su conjunto esta Ley se rige bajo los principios de autonomía, autorrealización, participación, no discriminación, equidad y corresponsabilidad, bases con las que se busca la protección, atención, bienestar y desarrollo de las mujeres y hombres de 60 años de edad.

Para la Trigésima Primera Legislatura, los adultos mayores constituyen un sector poblacional de suma importancia, no solo por su legado de trabajo y esfuerzo sino también por los valiosos aportes que realizan prácticamente en todos los ámbitos de la vida, motivo por el cual se trabaja para garantizar el respeto irrestricto de los derechos que les asisten, otorgándoles las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de sus capacidades.