Las empresas llegan y dan paso a la explotación, deterioran el territorio ecológico y no proporcionan beneficio alguno a las comunidades afectadas, dijo Julián López

Julián López Canare, vocero de las comunidades indígenas, hizo un llamado a las autoridades para solicitar su apoyo ante el problema de las mineras en la comunidad de Rosarito del municipio de Rosamorada, en donde cerca del 90% de su territorio, aseguró, se encuentra señalado ya como concesión a las mineras.

Aunque de momento dijo no saber si esto es exclusivo para exploración o explotación de minerales, aseguró que otra de las localidades que atraviesan por el mismo problema es San Blasito cuyo territorio tiene colindancia con Rosarito.

El representante de los municipios de Del Nayar, Acaponeta, Rosamorada y Ruiz, dijo que fueron llevadas a cabo dos reuniones, la primera de ellas con fecha al día 10 de febrero y la siguiente el 14 de abril donde se tomaron acuerdos con miembros de las comunidades para tomar acciones ante esta problemática.

Sobre el problema del establecimiento de las mineras, dijo que al igual que ha pasado antes, éstas llegan y dan paso a la explotación, deterioran el territorio ecológico y no proporcionan beneficio alguno a las comunidades afectadas, por el contrario –aseguró- tras retirarse lo único que queda es contaminación ambiental.

Al momento se cuenta con un amparo procedente precautorio sobre la minera de Jazmín del Coquito, para que se den a conocer los nombres de las empresas involucradas en el proceso de explotación y exploración, los minerales y recursos que serán extraídos, y la situación jurídica que sostienen.

El representante de las comunidades indígenas afirmó que los trabajos de las mineras iniciaron de manera ilícita, pues al llegar a las comunidades pregonaban fuentes de trabajo a los habitantes para que estos facilitaran las firmas de consentimiento para comenzar los trabajos, dijo también que fue así como lograron convencer al representante de bienes comunales, éste facilitó listas con nombres y firmas de asambleas anteriores procediendo anexadas a un escrito simulando que la comunidad confirmaba el consentimiento.

De permitirse el concesionamiento a las mineras se habla de 500 hectáreas cedidas para la explotación, lo que abarca a las comunidades de Jazmín del Coquito, parte del territorio de El Ciruelo, y muy probablemente de Las Cuevas, La Mata, y otras comunidades más.