Son señalados por su presunta responsabilidad de aprovechar su cargo para destinar servicios en apoyo a un partido político; los cuatro eran servidores públicos de SEDESOL en Veracruz
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra de cuatro ex trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, por desvío de recursos.
Al analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la federación, el juez determinó que existen los elementos suficientes en su contra para procesarlos por violaciones al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.
“Se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz”, explicó la Procuraduría General de la República (PGR).
Los detenidos son el ex delegado, Ranulfo “N”; subdirector de Área, Felipe “N”; Enlace de Atención Ciudadana, Cesar “N”; y, Enlace Operativo, Graciela “N”, todos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.
Según la PGR, como funcionarios públicos participaron en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta, incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.
“Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral”, detalló la institución.