El fiscal de FEPADE Santiago Nieto, afirmó que servidores públicos de estas entidades solicitan dinero a sus subordinados, para financiar las campañas de sus abanderados

El fiscal especial para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, advirtió que funcionarios de los gobiernos de Coahuila, Nayarit y Estado de México, donde se renovarán gobernadores el próximo 4 de junio, han comenzado a incidir en la compra de votos y condicionamiento de los programas sociales.

En entrevista con MILENIO, afirmó que los servidores públicos de estas entidades solicitan dinero a sus subordinados para financiar las campañas de sus abanderados.

“En Coahuila tenemos problemas de condicionamiento de programas sociales y de presión a los órganos electorales. En Nayarit también se presenta esta última práctica. Mientras que en el Estado de México contamos con denuncias por compra de voto, condicionamiento de programas sociales, turismo electoral, además de los temas de fiscalización de los partidos y coacción de los subordinados”, afirmó.

A cuatro meses de los comicios, la Fepade persigue diversas quejas, como la interpuesta por Acción Nacional y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra el titular de la secretaría de Desarrollo Social de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, porque presuntamente exigió a sus colaboradores apoyar al aspirante del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme.

En el caso de Nayarit, se indagan diversas denuncias por domicilios irregulares, es decir, personas que dan datos falsos al Registro Federal Electoral sobre su vivienda. Asimismo, se cuenta con 16 casos de usurpación de identidad.

Mientras que en el Estado de México destacan los señalamientos hechos por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, contra el gobierno de Eruviel Ávila, por “desvío de recursos y uso ilegal de programas sociales para coacción del sufragio”.

Nieto explicó que son insuficientes las penas por los delitos a funcionarios, pues alcanzan una sanción de dos a nueve años de prisión, cuando se acredite que se condicionaron programas sociales, que se utilizaron bienes o servicios públicos en favor de un partido político o candidato o que se presionó y coaccionó a los subordinados para efecto de que votarán por una definición determinada.

“Necesitamos que estos ilícitos sean considerados graves y de tipo penal; es decir, que el condicionamiento de programas sociales sea más grave”, dijo.

Detalló que los tipos penales están estructurados para que un funcionario público no pueda hacer proselitismo ni pedir el voto en favor de un partido, candidato o precandidato.

Sin embargo, lo anterior está acotado de acuerdo a la temporalidad de los comicios, es decir, incurren en estas prácticas previo a las campañas y precampañas, por lo que no pueden ser sancionados.

“Algo que va al alza en los estados es que los servidores piden dinero a sus trabajadores y hacen descuentos, incluso, vía nómina”.

Nieto afirmó que es necesario endurecer la ley electoral, pues de cara al proceso electoral de 2018, se debe impedir “la venta de candidaturas a famosos, tuits de celebridades, turismo electoral supranacional, financiamiento ilícito, condicionamiento de programas sociales a cambio del voto o compra de voto”.

Recordó que a principios de año, junto con las secretarías de Desarrollo Social, de la Función Pública y la PGR firmaron seis líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral, para los programas sociales federales en Coahuila, Nayarit y Estado de México.

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, está a la espera de que un tribunal federal resuelva si se deben o no girar órdenes de aprehensión contra el presidente municipal de Cuernavaca (Morelos), Cuauhtémoc Blanco, y su ex secretario de coordinadores, Guillermo Arroyo, a quienes se acusó del delito de alteración del Registro Federal de Electores.

Sobre el tema, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que son tres las averiguaciones previas que se iniciaron vinculadas con Cuauhtémoc Blanco Bravo, dos de las cuales se consignaron ante un juez federal.

Funcionarios del gobierno federal comentaron que en uno de los expedientes se acusó al ex futbolista de ofrecer datos falsos para acreditar su residencia en Cuernavaca con la intención de contender por la presidencia municipal, lo que constituye un delito establecido en el artículo 13 fracción I de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.